Surgen Nuevas Dudas sobre el Rol de Cerimedo en el Gobierno de Paz

La reciente declaración del Gobierno de Rodrigo Paz, que sostiene que Fernando Cerimedo no ocupaba un cargo oficial en la administración, ha provocado una serie de preguntas debido a ciertos documentos que lo asocian con la estructura del Estado. Uno de los elementos que ha suscitado inquietud es una tarjeta donde Cerimedo es mencionado como "Asesor Principal del Presidente", junto con la información sobre el uso de un correo electrónico institucional.

Este asunto no solo se centra en el título que aparece en la tarjeta, sino que también se debe investigar quién autorizó y facilitó los mecanismos que permitieron a Cerimedo actuar como un funcionario del Estado. Si bien un correo institucional no implica necesariamente un nombramiento, sí despierta cuestionamientos sobre cómo un particular tuvo acceso a recursos y servicios del gobierno. La normativa boliviana establece regulaciones para el uso de bienes públicos, así como las responsabilidades por su uso indebido.

Además, se plantea un dilema legal respecto al uso de un título que sugiera funciones públicas. Según el artículo 163 del Código Penal boliviano, modificado por la Ley 1390, se tipifica la usurpación de funciones al actuar sin un nombramiento oficial. Esto implica que, si se comprueba que Cerimedo no tenía un cargo formal pero desempeñaba funciones asociadas a la administración pública, sería necesario investigar si cometió alguna infracción penal. Sin embargo, el solo uso de la denominación "asesor principal" no es suficiente para establecer un delito por sí mismo.

Otro punto importante es la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron el acceso de Cerimedo a los recursos estatales. La Ley 004, conocida como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, estipula en su artículo 26 el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, responsabilizando a aquellos que utilicen recursos estatales para beneficio personal o de terceros. Asimismo, el Código Penal prevé sanciones para los servidores públicos que incumplen sus deberes.

Por lo tanto, más allá de determinar el cargo real de Cerimedo, la cuestión que se presenta es quién dentro del Estado otorgó su acceso a herramientas institucionales y bajo qué justificación legal se realizó dicha acción.