Ley N.º 073/2025-2026 busca sancionar las denuncias falsas

La propuesta legislativa conocida como Ley N.º 073/2025-2026 ha suscitado un intenso debate en Bolivia, al plantear penas para quienes realicen denuncias falsas. Organismos de derechos humanos han manifestado su inquietud respecto a que esta normativa podría desincentivar a las víctimas de violencia a presentar sus quejas.

Impulsada por el senador José Sánchez en la Cámara de Senadores, la iniciativa modifica el artículo 166 del Código Penal, estableciendo sanciones que oscilan entre dos y cuatro años de cárcel para quienes acusen falsamente a un inocente. En los casos más graves, donde se invoquen delitos como violencia de género o abuso sexual, las penas pueden incrementarse hasta alcanzar diez años de prisión.

Características del proyecto de ley

El proyecto establece que el proceso por denuncia falsa es independiente y puede iniciar antes de la resolución del caso principal. Además, contempla un sistema de indemnizaciones basadas en salarios mínimos nacionales, destinadas a compensar el daño moral y psicológico de los falsamente acusados.

• Indemnizaciones por daño moral
• Indemnizaciones por daño psicológico
• Indemnizaciones por daño social

El proyecto también contempla sanciones para profesionales como abogados y psicólogos que faciliten denuncias falsas. Estos podrían enfrentarse a una inhabilitación profesional de tres años una vez cumplida su condena, aunque se excluye de responsabilidad a aquellos que sean engañados por informes erróneos y se aparten del caso al darse cuenta.

Sin embargo, desde la plataforma Alerta 348, que reúne a unas 200 organizaciones defensoras de derechos humanos, se advierte que esta legislación podría crear un ambiente de miedo para las víctimas de violencia sexual y de género. Critican que permitir procesos paralelos por denuncias falsas generaría presiones a las víctimas, desincentivando el apoyo legal y psicológico esencial en estos casos.

Durante el proceso legislativo, seis entidades estatales, incluyendo ministerios y el Tribunal Supremo de Justicia, recomendaron no aprobar la norma tal como está, sugiriendo que se eliminen varios de sus artículos para una revisión más detallada.