Responsabilidades en el escándalo de 'gasolina basura' recaen en gestiones de Arce y Paz

Carlos Alarcón, miembro de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga la problemática de la 'gasolina basura', indicó que el informe elaborado por este organismo señala posibles implicaciones tanto de funcionarios de la gestión de Luis Arce como de la actual administración.

El documento será discutido en breve por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá el futuro de la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos asociados a su suministro.

Alarcón mencionó que entre los posibles responsables se encuentran el expresidente Luis Arce Catacora, los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como exdirectores de YPFB, incluyendo a Wilson Dorgathen. "Es evidente que ambas gestiones tienen responsabilidad en este asunto", afirmó el diputado.

El legislador criticó a la presidenta de la comisión, Ximena Arispe, por la forma en que se ha manejado el informe, sugiriendo que cualquier intento de modificar las conclusiones debería contar con justificaciones adecuadas. "Si quiere ignorar lo que ha escrito, tendrá que explicar por qué", insistió.

Uno de los puntos críticos en el informe es un contrato entre YPFB y la empresa Ditol, firmado durante la administración de Dorgathen en el gobierno de Arce, que fue modificado en varias ocasiones. La última enmienda, que se firmó el 17 de diciembre de 2025, se produjo justo cuando se levantó la subvención a los combustibles.

Alarcón cuestionó la decisión de ampliar el contrato, argumentando que el nuevo gobierno debería haber buscado otras opciones de provisión ante el cambio de condiciones en el mercado. Esta modificación mantiene el contrato activo hasta el 30 de junio de 2026, periodo en el que se ha relacionado el suministro de combustible con el escándalo de 'gasolina basura'.

Este caso es crucial para la economía boliviana, ya que involucra a YPFB, la principal empresa estatal del sector hidrocarburos, y su impacto se siente en el abastecimiento de combustibles, un factor clave para el transporte, la producción, y los precios de productos básicos.

Además, Alarcón subrayó que las responsabilidades deben abarcar ambas administraciones, dado que el contrato se estableció durante el gobierno de Arce y fue modificado posteriormente. También criticó el retraso en el tratamiento del informe, que permaneció un mes sin ser discutido tras su entrega a la presidencia de la Cámara Baja.

El documento ahora será evaluado por el pleno, que deberá decidir si corresponde establecer responsabilidades políticas o administrativas y si se deben tomar otras medidas en el marco de la investigación.