Municipio de Oruro reestructura funciones de personal
Por Víctor Challapa — 20 Oct 2026

Iván Quispe, alcalde de Oruro, anunció que realizará ajustes en el personal municipal que no cumpla con sus responsabilidades, defendiendo esta acción como parte de una reorganización administrativa necesaria.
En respuesta a las críticas y solicitudes de renuncia hacia varios funcionarios, incluyendo al director de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Rubén Ururi, Quispe argumentó que estas modificaciones son fundamentales para asegurar un servicio público eficiente y comprometido.
El alcalde enfatizó que la administración municipal tiene la facultad de reorganizar su personal, asegurando que los cambios no vulnerarán los derechos laborales de los funcionarios.
Quispe también destacó que los funcionarios que no desempeñen sus funciones adecuadamente serán trasladados a otras áreas, en lugar de ser destituidos, con el objetivo de preservar sus cargos y salarios.
La autoridad municipal rechazó las críticas sobre su capacidad para llevar a cabo estos movimientos, subrayando que la administración debe contar con personal comprometido y transparente.
Finalmente, Quispe reafirmó su compromiso de asumir la responsabilidad por estas decisiones, con la intención de mejorar la efectividad de las distintas reparticiones del gobierno municipal.

Rafael López solicita reunión con la embajada de EE.UU. tras ser vetado
Por Reynaldo Villca — 28 Oct 2026
El diputado boliviano Rafael López, incluido en la lista de personas vetadas para ingresar a Estados Unidos, ha solicitado una audiencia con la embajada estadounidense para conocer los motivos de esta restricción.

Interpelaciones pendientes se trasladan a la nueva legislatura 2026-2027
Por Germán Canaviri — 28 Oct 2026
La Asamblea Legislativa Plurinacional ha decidido mover las interpelaciones no resueltas a la próxima gestión legislativa, según lo aprobado en sesión reciente.

Ley N.º 073/2025-2026 busca sancionar las denuncias falsas
Por Reynaldo Villca — 28 Oct 2026
El proyecto de ley en discusión propone penalizar las denuncias falsas, generando preocupación entre organizaciones que defienden los derechos humanos por sus posibles efectos en la denuncia de casos legítimos.