La reforma constitucional se intensifica en medio de la nueva Ley de Inversiones del Gobierno

El debate sobre la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) cobra relevancia en la Asamblea Legislativa, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva Ley de Inversiones por parte del Gobierno de Rodrigo Paz, una de las piezas clave de su estrategia económica.

Carlos Alarcón, diputado de la alianza Unidad, ha presentado un proyecto que busca "desconstitucionalizar" 30 artículos, prohibir nacionalizaciones y restablecer el arbitraje internacional para resolver disputas entre el Estado y los inversores.

Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, líder de Libre, ha anunciado otro proyecto que se enfoca en asegurar la seguridad jurídica y atraer inversiones extranjeras, proponiendo modificaciones a leyes que, según su criterio, obstaculizan el crecimiento económico.

La discusión se centra en si es posible cambiar el modelo económico establecido durante los gobiernos del MAS a través de nuevas leyes, o si es necesario realizar modificaciones a la Constitución de 2009. Hasta ahora, Paz ha optado por implementar la Ley de Inversiones sin alterar la CPE.

El proyecto de Alarcón, presentado el 13 de agosto, se basa en el artículo 411 de la CPE, que regula las reformas parciales. El diputado considera que su "ley corta" podría ser clave para solucionar la crisis económica, energética y judicial que, a su parecer, dejó el MAS.

La propuesta principal incluye la creación de un nuevo artículo 412, que permitiría la "desconstitucionalización" de varios artículos, trasladando su regulación a leyes especiales aprobadas por dos tercios, sin necesidad de referendos adicionales. De estos 30 artículos, 13 están relacionados con el sistema judicial y 17 con el modelo económico.

En el ámbito judicial, la reforma facilitaría la eliminación de la elección popular de los magistrados, optando por un sistema de "designación meritocrática". Además, la propuesta también busca incluir un artículo 413 que prohíba constitucionalmente cualquier forma de expropiación o nacionalización de inversiones, permitiendo resolver conflictos a través del arbitraje nacional o internacional cuando las partes así lo acuerden.

Quiroga también ha manifestado que su partido presentará su propia reforma y ha vinculado esta necesidad al contexto de crisis energética que enfrenta el país. Ambos diputados coinciden en la importancia de garantizar la seguridad jurídica y el arbitraje internacional.

El Gobierno está trabajando en la Ley de Inversiones y otros proyectos relacionados con hidrocarburos, minería y economía verde, aunque no contemplan cambios a la Constitución por el momento. Alarcón critica esta estrategia, recordando que Bolivia ya cuenta con una Ley de Inversiones desde 2014, aprobada durante el mandato de Evo Morales.