Iniciativas de Protección para Migrantes y Seguridad Fronteriza en Bolivia
Por Reynaldo Villca — 23 Oct 2026

En una sesión ordinaria, la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, bajo la presidencia de la diputada Nathaly Tovias, tomó decisiones importantes para mejorar la situación de migrantes y la seguridad en las zonas limítrofes del país.
Una de las iniciativas más destacadas es un proyecto de ley que establece el 18 de diciembre como el "Día Nacional de la y del Migrante", con el objetivo de reconocer el impacto social, cultural y económico de estos ciudadanos y fomentar el respeto a sus derechos a través de campañas informativas.
Medidas de Fiscalización en Santa Cruz
Durante las inspecciones realizadas en la provincia Germán Busch, en Santa Cruz, también se aprobaron siete informes escritos relacionados con la seguridad fronteriza. Estos informes abordan la situación en la bahía Cáceres y el canal Tamengo, así como el estado de las vías de acceso, las actividades mineras, y los controles sanitarios en la región.
Adicionalmente, se enviaron cuatro minutas de comunicación a diferentes ministerios para mejorar los servicios migratorios, facilitar la legalización de documentos nacionales para su uso en el extranjero y reforzar la atención consular en Corumbá, Brasil, con el fin de proteger los derechos de los bolivianos en el exterior.
Prevención de Trata y Tráfico de Personas
Ante la preocupación por posibles situaciones de trata y tráfico de personas en Pisiga, Oruro, la Comisión aprobó dos minutas de comunicación dirigidas a los ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores. Estas minutas buscan fortalecer los controles migratorios, mejorar la operatividad del puesto fronterizo y promover la colaboración entre Bolivia y Chile para prevenir delitos y proteger a la población local.

Interpelaciones pendientes se trasladan a la nueva legislatura 2026-2027
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Ley N.º 073/2025-2026 busca sancionar las denuncias falsas
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El proyecto de ley en discusión propone penalizar las denuncias falsas, generando preocupación entre organizaciones que defienden los derechos humanos por sus posibles efectos en la denuncia de casos legítimos.

Magisterio rural se declara en estado de emergencia tras fallido diálogo con el Gobierno
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