Informe de la Defensoría del Pueblo señala crisis por minería ilegal en Bolivia

El 28 de septiembre, la Defensoría del Pueblo entregó al Ejecutivo y Legislativo un informe técnico que detalla las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por la minería ilegal en Bolivia. Este análisis, titulado “Análisis defensorial integral sobre las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos y de la Madre Tierra ante la expansión extractiva de la minería ilegal”, resalta la urgente necesidad de implementar acciones que protejan tanto a las comunidades afectadas como al medio ambiente.

El informe expone la situación crítica relacionada con la contaminación por mercurio, haciendo énfasis en las comunidades amazónicas, y revisa la implementación del Convenio de Minamata, que busca reducir el uso de mercurio. Se abordan las violaciones a los derechos a la vida, salud, agua y un ambiente sano, así como los derechos de la Madre Tierra.

Entre las recomendaciones destacadas, la Defensoría sugiere fortalecer la fiscalización y el control ambiental, así como garantizar la participación activa de las comunidades afectadas en la toma de decisiones. El Estado tiene la responsabilidad de materializar estas recomendaciones en acciones efectivas.

El documento también menciona acciones judiciales y normativas que han surgido en el contexto de la protección ambiental, como la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1326/2023-S1 y otras resoluciones relevantes que vinculan la defensa de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas con las actividades extractivas en el país.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo se compromete a realizar un seguimiento a las recomendaciones presentadas, subrayando la gravedad de la crisis de derechos humanos derivada de la minería ilegal y la contaminación por mercurio. Este informe pone de manifiesto la necesidad urgente de intervención estatal para detener los efectos devastadores de esta actividad en los ecosistemas y las comunidades indígenas.