Gobernación de Oruro sostiene que el pago del bono de riesgo corresponde al Gobierno central

Las autoridades de la Gobernación de Oruro han declarado que el pago del bono de riesgo para el año 2026 debe ser cubierto por el Gobierno central, en cumplimiento de la Ley Nº 1771. Esta situación ha llevado a los trabajadores de la salud a exigir su cumplimiento.

Omar Calizaya Choque, secretario departamental de Asuntos Jurídicos, explicó que la nueva ley cambia las responsabilidades de financiamiento del bono. Mientras tanto, Marcelo Quilo Dorado, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), mencionó que se había hecho un traspaso de presupuestos para cubrir el monto necesario y que el gobernador estaba dispuesto a realizar el pago, aunque ahora la responsabilidad recae en el nivel central.

La normativa, promulgada el 30 de septiembre, establece que el Ministerio de Salud deberá asumir el costo del bono. Esto ha generado incertidumbre, ya que los trabajadores han estado movilizados ante la falta de un pronunciamiento claro sobre quién debe financiar esta obligación.

El acuerdo inicial entre la Gobernación y los trabajadores indicaba que el bono sería pagado si no se promulgaba una normativa antes del 15 de octubre, pero la Ley Nº 1771 fue emitida antes de esta fecha. Esto ha llevado a los trabajadores a cuestionar la falta de respuesta efectiva tanto de la Gobernación como del Gobierno nacional.

El bono de riesgo es visto por los trabajadores como una conquista laboral de más de tres décadas. El pago correspondiente a la gestión 2026 ya había sido programado para el 6 de julio, y se contaba con recursos presupuestarios destinados a este fin. Sin embargo, ante la falta de claridad, la Gobernación ha sugerido a los trabajadores gestionar el desembolso directamente con el Ministerio de Salud, ofreciendo apoyo en este proceso.

La falta de un acuerdo entre la Gobernación de Oruro y el Ministerio de Salud no solo afecta a los trabajadores, sino que también puede repercutir en los servicios de salud que se ofrecen a la población. La demanda por el cumplimiento del bono continúa, evidenciando un posible conflicto que podría prolongarse si no se define claramente la responsabilidad de financiamiento.