Exfuncionarios de Oruro enfrentarán auditoría por millonarias deudas

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro está en proceso de determinar las responsabilidades de exfuncionarios por deudas que ascienden a 21 millones de bolivianos. Estas obligaciones surgen de los contratos con la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y la constructora Ceibo, principalmente por la provisión de alimentos durante la pandemia de Covid-19.

José Manuel González Ferrufino, secretario municipal de Asuntos Jurídicos, expuso que la deuda con EBA se generó por el suministro de alimentos en la emergencia sanitaria. Por otro lado, la deuda con Ceibo se relaciona con la construcción de un paso a desnivel en la avenida del Ejército.

Actualmente, el proceso con Ceibo está en fase de conciliación, donde el municipio y la empresa están cotejando documentos para precisar los montos y el estado de la obra. La Alcaldía ha encontrado que algunos documentos necesarios no están archivados adecuadamente, lo que ha llevado a comparar la información durante el proceso judicial. Posteriormente, se realizará una inspección técnica de la obra antes de tomar decisiones finales.

En cuanto a EBA, el municipio ha cancelado recientemente 21 millones de bolivianos, aunque aún debe resolver un recurso de casación que podría resultar en un pago adicional por daños y perjuicios. González enfatizó que, independientemente del resultado de ambos procesos, se procederá con acciones legales contra aquellos exfuncionarios que causaron el perjuicio económico al municipio.

El alcalde Iván Quispe ha solicitado la elaboración de informes para entender por qué el pago de EBA no estaba presupuestado y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la demanda por daños. Esta situación es un legado de administraciones anteriores, y se busca asegurar que no se repitan estas prácticas irresponsables en la gestión pública.

Ambos casos presentan reclamos por daños y perjuicios, lo que podría elevar considerablemente la carga económica para la Alcaldía. La administración actual está decidida a identificar y exigir reparación por el daño económico ocasionado al Estado.