Exautoridades de YPFB enfrentan denuncia por gastos excesivos en la 'Casa Ejecutiva'

Yamil García, viceministro de Transparencia, comunicó que se ha llevado a cabo una denuncia formal contra siete exautoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La denuncia se fundamenta en un presunto daño económico cercano a los Bs 17 millones, relacionado con los gastos en la 'Casa Ejecutiva' de la empresa estatal.

La denuncia incluye acusaciones de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, dado que se habrían utilizado recursos del Estado para financiar una infraestructura que, según García, contaba con comodidades y equipamiento que no justificaban la magnitud de la inversión realizada.

Gastos lujosos bajo la lupa

Entre los gastos cuestionables se mencionan equipos de comunicación, artículos de cocina de alta gama, sistemas de seguridad, mobiliario lujoso, y tecnología avanzada como televisores de alta definición y sistemas de sonido en los dormitorios. También se destacó la instalación de parlantes de la marca Bose, con un costo individual superior a 500 dólares, así como obras de arte y muebles de diseño exclusivo.

El viceministro aclaró que la denuncia no pone en tela de juicio la calidad de la construcción, sino que se enfoca en la justificación del uso de dinero público para cubrir estos gastos. Aunque la 'Casa Ejecutiva' fue proyectada para alojar a directores y ejecutivos de YPFB, García afirmó que no se ha demostrado un beneficio económico, técnico o social para el Estado.

García también indicó que el proyecto no contaba con la aprobación necesaria en 2014, ya que no estaba incluido en el Programa Operativo Anual (POA) ni en el presupuesto de ese año, aunque posteriormente se ordenó su inclusión a través de una instrucción de la presidencia ejecutiva.

Responsables señalados

La denuncia abarca a siete exautoridades de YPFB, entre las que se encuentra Guillermo Achá, quien fue presidente ejecutivo interino de la institución, además de otros seis funcionarios. García expresó la expectativa de que las autoridades del Ministerio Público realicen las investigaciones pertinentes para que estos exfuncionarios puedan rendir cuentas sobre las acusaciones en su contra.

El caso ahora está en manos del Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de investigar y determinar las posibles responsabilidades sobre los actos denunciados.

“Esperamos que las autoridades a cargo puedan emitir las directrices necesarias para que puedan comparecer estas siete exautoridades que han sido denunciadas”, concluyó García.