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Política

Desafíos en Seguridad Ciudadana: Llamado a la Acción para 2026

Por Sandra Ayaviri — 30 Jul 2026

Desafíos en Seguridad Ciudadana: Llamado a la Acción para 2026
Desafíos en Seguridad Ciudadana: Llamado a la Acción para 2026

El 30 de julio de 2026, se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, presidida por el Dr. Marco Antonio Oviedo. En su discurso, hizo hincapié en la necesidad urgente de que las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) implementen de manera efectiva el presupuesto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para mejorar la seguridad pública.

Durante el encuentro, el ministro resaltó que no se puede avanzar en la lucha contra la delincuencia sin la ejecución adecuada de estos recursos ya asignados, que son fundamentales para dotar de mejores herramientas y condiciones a las fuerzas del orden. “Hacemos un llamado directo y urgente a las entidades territoriales autónomas para acelerar la ejecución del presupuesto del IDH”, señaló Oviedo, subrayando la importancia de dotar a la Policía Boliviana de los medios necesarios.

Además, el ministro instó a que las ETA incorporen las demandas de la Policía en sus Planes Operativos Anuales (POA) para el año 2027, lo que permitiría una respuesta más efectiva a mediano plazo en el ámbito de la seguridad. También se estableció un plazo para la formación de los consejos municipales y departamentales de seguridad ciudadana, la cual debe concluir antes de agosto, señalando que sin estos espacios se pierde la conexión entre el gobierno central y las comunidades.

Un aspecto clave de la reunión fue la propuesta del ministro para realizar un análisis técnico que lleve a la actualización de la Ley N.º 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Esta iniciativa busca responder a los nuevos desafíos delictivos que enfrenta Bolivia y mejorar la coordinación entre diferentes instituciones.

Con esta propuesta, el gobierno reafirma que la seguridad es una tarea conjunta que requiere no solo un marco normativo actualizado, sino también un compromiso político y financiero por parte de todos los niveles del Estado.