Crisis de Hacinamiento Carcelario en Oruro Impacta Derechos Humanos y Economía

La situación de hacinamiento en los centros penitenciarios de Oruro es alarmante, con más de 2.050 internos que sobrepasan la capacidad adecuada de estas instalaciones. Este fenómeno no solo afecta la calidad de vida de los reclusos, sino que también representa una carga significativa para el presupuesto estatal, que destina más de Bs 4,5 millones al año a la atención de esta población.

El delegado de la Defensoría del Pueblo en Oruro, Juan Carlomagno Arroyo Martínez, indicó que el penal de San Pedro, con una antigüedad de entre 120 y 130 años, es el que más internos alberga, cerca de 1.750, mientras que el Centro Penitenciario La Merced tiene más de 300 internos, en su mayoría mujeres, muchos de los cuales están en detención preventiva.

Entre las causas del hacinamiento, se destacan los delitos relacionados con la violencia hacia mujeres y menores, así como infracciones a la Ley 1008 sobre narcotráfico y robo de minerales. Esta situación ha llevado a la Defensoría a solicitar la implementación de medidas como la vigilancia electrónica, la Ley del Jubileo para adultos mayores y estrategias de rehabilitación.

El gasto que implica la manutención de este número creciente de personas privadas de libertad afecta la asignación de recursos del Gobierno Autónomo Departamental. Para el año 2026, el presupuesto del Programa Estratégico a la Seguridad Ciudadana requería un total de Bs 4.561.121,41, una cifra que incluye un requerimiento adicional para la alimentación de los internos.

Recientemente, la Ley de Indulto ha ofrecido un alivio temporal al permitir la liberación de 164 personas de unas 180 solicitudes presentadas en Oruro. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que es crucial establecer políticas integrales para abordar de manera efectiva el problema del hacinamiento y el gasto público asociado a la reclusión.