Crisis alimentaria en centros de acogida de Bolivia

En Bolivia, 54 centros de acogida, que incluyen hogares de adultos mayores y hospitales, están enfrentando serias dificultades para garantizar la alimentación y atención médica a las personas a su cargo. Esta crisis es el resultado del aumento en los precios de los alimentos y medicamentos, provocado por la eliminación de la subvención al diésel, según ha informado el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

El 30 de septiembre de 2026, Callisaya realizó inspecciones en diversos centros a lo largo del país, revelando que el 67% de los centros de acogida para menores ha experimentado incrementos en el costo de los víveres. Esta situación ha llevado a que un 56% de estos hogares se encuentren en una complicada posición financiera.

Entre los centros afectados se encuentran instituciones como Aldeas Infantiles de El Alto, el Hogar Beni de Oruro, y el Centro Educativo Chete Quije. Muchos de estos centros han empezado a comprar alimentos de menor calidad debido a la presión económica, y un número considerable ha solicitado donaciones para sobrevivir.

Asimismo, en los 15 hogares para adultos mayores inspeccionados, el 73% ha informado que su presupuesto ya no cubre la misma cantidad de comida que antes. Un 20% de estos centros no tiene reservas de alimentos secos y un 27% carece de insumos frescos, lo que ha llevado a un 40% a solicitar donaciones para poder alimentar a sus residentes.

Además, se identificaron problemas en la adquisición de pañales y medicamentos psiquiátricos que no están cubiertos por el Sistema Único de Salud. Entre los hogares más perjudicados se encuentran el Hogar San José y el Asilo San José en Cochabamba, entre otros.

El informe también revela que el 52% de los hospitales de segundo y tercer nivel considera que sus presupuestos son insuficientes. La falta de reservas de productos secos y el desabastecimiento de alimentos frescos dificultan la elaboración de dietas adecuadas para los pacientes.

Ante esta problemática, el Defensor del Pueblo ha instado al Gobierno, así como a las gobernaciones y municipios, a adoptar acciones que prevengan un impacto mayor en los derechos fundamentales de alimentación, salud, educación y transporte para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.