Comibol presenta anteproyecto de ley para combatir la minería ilegal en Huanuni

El 28 de septiembre de 2026, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) llevó a cabo la socialización de un anteproyecto de ley en Huanuni, diseñado para robustecer la lucha contra la minería ilegal y el robo de minerales en el país. Este proyecto fue entregado simbólicamente a representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La iniciativa se originó a raíz de un acuerdo interinstitucional establecido el 1 de abril de 2026, en respuesta a incidentes violentos, como el que tuvo lugar en julio de 2026, donde un trabajador minero y dos militares perdieron la vida durante un operativo de control.

Objetivos de la propuesta

El anteproyecto busca:

Durante la socialización, se destacó que solo en la Empresa Minera Huanuni, las pérdidas mensuales por el robo de estaño ascienden a 2.988.228 bolivianos, equivalentes a aproximadamente 236.679 dólares. Además, se reportaron pérdidas en otras empresas, como 21.393 dólares en Colquiri y una reducción de 4,80 kilogramos de mineral en Amayapampa.

El anteproyecto también contempla la autorización para que las fuerzas militares utilicen armamento en la defensa de los bienes públicos, aplicando criterios que ya se implementan en la lucha contra el contrabando. Las sanciones por delitos relacionados con la minería ilegal se endurecerían, llegando a penas de entre tres y nueve años de prisión para quienes financien estas actividades.

Además, se incentivará la colaboración ciudadana ofreciendo un 5% del valor del mineral recuperado a quienes hagan denuncias, y un 10% si la información proviene de comunidades campesinas o pueblos indígenas. Comibol se compromete a elaborar un reglamento interno para implementar estos incentivos y garantizar la confidencialidad de los denunciantes.

Este anteproyecto es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Estado para enfrentar la minería ilegal, que ha visto un aumento alarmante en la actividad delictiva y la presencia de grupos armados en los yacimientos, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la seguridad pública.

Las comisiones de la Asamblea Legislativa ahora evaluarán esta propuesta, que busca alinearse con la Decisión 774 de la Comunidad Andina en la lucha contra la minería ilegal, en un contexto de creciente preocupación sobre la seguridad en el sector minero.