Cierre de más de 30 bocaminas ilegales en Oruro: Un paso hacia la recuperación del área protegida

El 30 de julio, se llevó a cabo una reunión interinstitucional organizada por la Universidad Técnica de Oruro (UTO), donde se acordó el cierre de más de 30 bocaminas ilegales en las serranías de Santa Bárbara, San Felipe y Pie de Gallo. Este encuentro reunió a varios actores, aunque la ausencia de entidades clave como el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y SENARECOM fue notable.

La UTO decidió involucrarse en esta iniciativa debido a su vinculación directa con el área afectada. Durante la reunión, se conformaron dos comisiones: la primera se encargará del análisis técnico necesario para el cierre de las bocaminas, mientras que la segunda se dedicará a la coordinación institucional y la obtención de financiamiento.

El rector de la UTO, Augusto Medinaceli, enfatizó que no se debe permitir la minería en zonas urbanas ni en áreas protegidas. La propuesta de la Carrera de Ingeniería de Minas apunta a que el costo de sellar cada bocamina supera los 3.000 bolivianos, incluyendo todos los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea.

Rosa Linda Mamani, representante de la Junta de Vecinos Socavón I, destacó la importancia de que las instituciones colaboren proporcionando maquinaria y recursos económicos. Además, alertó sobre la proliferación de la minería ilegal en la zona de La Tetilla, donde los residentes han reportado explosiones nocturnas.

Con miras a una nueva reunión programada para el 13 de agosto, se espera que todas las entidades presenten sus propuestas de presupuesto y sus compromisos para iniciar el proceso de sellado. Mamani recordó que las serranías son consideradas un Área Protegida Municipal, lo que resalta su importancia patrimonial.

Un informe técnico elaborado tras una inspección el 29 de junio en el cerro San Felipe indica que el cierre de las bocaminas presenta importantes desafíos, principalmente por la complejidad del terreno y las limitaciones económicas debido a los altos costos de explosivos y mano de obra especializada. FEDECOMIN Oruro ha manifestado que no apoyará financieramente estas tareas, ya que consideran que las operaciones corresponden a mineros ilegales.

Estas acciones son parte del cumplimiento de una Resolución Constitucional emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, la cual ordena la suspensión inmediata de actividades mineras ilegales y la elaboración de un Plan de Manejo para el área protegida. La comunidad ha reafirmado su compromiso de participar en el control social para garantizar el respeto a esta resolución.