Aprobación de ley permite que el Gobierno asuma el pago de prediarios y bono de vacunación

La Cámara de Senadores aprobó recientemente una normativa que establece que el Gobierno asumirá el costo de los prediarios de los encarcelados y el bono de vacunación, quitando esta responsabilidad a las gobernaciones departamentales.

La nueva ley, conocida como Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, prohíbe realizar deducciones automáticas y transferencias de recursos para estos conceptos, asegurando que el financiamiento provenga directamente del Tesoro General de la Nación.

Además, el texto legal señala que el Gobierno será también responsable de financiar los diplomas de bachiller, una medida que responde a la demanda de diversas gobernaciones que han cuestionado la carga financiera impuesta a los gobiernos departamentales sin un respaldo adecuado.

El Gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, había solicitado que dicha responsabilidad sea asumida por los ministerios de Gobierno, Salud y Educación, enfatizando la necesidad de un cambio en la asignación de recursos.

Desde 2005, mediante la Ley 3302, las gobernaciones estaban encargadas del pago de prediarios, bonos de vacunación, becas universitarias, entre otras obligaciones. La reciente aprobación busca devolver esas competencias al nivel central, como lo explicó el presidente del Senado, Diego Ávila.

La ley especifica que las obligaciones a financiar con recursos del nivel central incluyen el costo del prediario y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario, el Bono de Vacunación, viáticos de vacunación, y becas universitarias, así como el mantenimiento de infraestructura deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno.

Dado el significativo descenso en la producción y exportación de gas que ha generado un déficit, las gobernaciones habían expresado su preocupación respecto a la financiación de estas obligaciones, las cuales antes se cubrían con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Finalmente, la norma estipula que cualquier participación financiera de las autoridades departamentales en proyectos de riego y electrificación deberá ser definida a través de convenios intergubernativos específicos, que determinen claramente los aportes y responsabilidades de cada parte.