Crisis de hacinamiento en cárceles de Oruro afecta a más de 2.000 internos

A pesar de la implementación de medidas temporales como el Decreto Supremo de Amnistía e Indulto, la situación de hacinamiento en las cárceles de Oruro se mantiene alarmante, con aproximadamente 2.100 internos en condiciones muy difíciles.

El delegado defensorial, Juan Arroyo, indicó que las soluciones hasta ahora aplicadas no han logrado aliviar la congestión en los recintos. En el penal de San Pedro hay cerca de 1.800 internos, mientras que alrededor de 300 están en La Merced, lo que plantea serias preocupaciones sobre la falta de espacio y el mantenimiento de necesidades básicas.

Arroyo destacó que el reciente aumento del prediario de 8 a 10 bolivianos no ha resuelto las carencias en alimentación, atención médica ni en las condiciones de vida de los internos. Subrayó que es necesario tomar decisiones estructurales en lugar de soluciones temporales.

Frente a esta crisis, el delegado hizo un llamado al Gobierno para que promueva la construcción de nuevos recintos penitenciarios que puedan albergar a esta creciente población. Recordó que, aunque los internos pierden su derecho a la libertad de tránsito, siguen manteniendo otros derechos fundamentales, por lo que el Estado debe garantizar condiciones dignas durante su detención.

Arroyo propuso una revisión de la política penitenciaria y de las normativas penales para mitigar el hacinamiento. Esto incluye analizar delitos vinculados al robo de minerales y al tráfico de sustancias controladas, haciendo énfasis en la necesidad de actualizar la Ley 1008 al contexto actual.

El delegado defensorial concluyó que una revisión exhaustiva de las leyes penales podría ayudar a disminuir la población carcelaria, pero enfatizó que el problema del hacinamiento necesita ser abordado con soluciones de fondo, no solo con medidas temporales. Mientras tanto, los más de 2.100 internos en Oruro siguen enfrentando una situación crítica.