La Fiscalía General prohíbe el cobro de aportes en el Ministerio Público
Por Víctor Challapa — 22 Oct 2026

Este 22 de octubre, la Fiscalía General del Estado emitió una resolución que prohíbe de manera categórica el cobro de aportes económicos a todo el personal del Ministerio Público. Esta medida implica que cualquier funcionario que incurra en dicha práctica podrá ser destituido y enfrentará procesos penales.
La prohibición abarca todas las dependencias del Ministerio Público, indicando que está "estrictamente prohibido solicitar, exigir, cobrar o recibir cualquier aporte, cuota o contribución económica, sin importar el pretexto o la jerarquía".
La Fiscalía ha señalado que las conductas irregulares pueden constituir delitos de corrupción. Los funcionarios que sean sorprendidos en esta actividad serán sometidos a procesos disciplinarios y referidos a la jurisdicción penal correspondiente.
Para facilitar la denuncia de estos casos, se ha habilitado un código QR y una plataforma institucional donde tanto ciudadanos como servidores públicos pueden reportar irregularidades, asegurando la reserva de identidad de los denunciantes.
Con esta disposición, el Ministerio Público busca no solo erradicar estas prácticas, sino también proyectar un compromiso ético hacia la ciudadanía, reforzando la confianza en la institución.

Rafael López solicita reunión con la embajada de EE.UU. tras ser vetado
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El diputado boliviano Rafael López, incluido en la lista de personas vetadas para ingresar a Estados Unidos, ha solicitado una audiencia con la embajada estadounidense para conocer los motivos de esta restricción.

Interpelaciones pendientes se trasladan a la nueva legislatura 2026-2027
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La Asamblea Legislativa Plurinacional ha decidido mover las interpelaciones no resueltas a la próxima gestión legislativa, según lo aprobado en sesión reciente.

Ley N.º 073/2025-2026 busca sancionar las denuncias falsas
Por Reynaldo Villca — 28 Oct 2026
El proyecto de ley en discusión propone penalizar las denuncias falsas, generando preocupación entre organizaciones que defienden los derechos humanos por sus posibles efectos en la denuncia de casos legítimos.