Gobierno de Bolivia se manifiesta sobre veto de visas de EE.UU.
Por Víctor Challapa — 22 Oct 2026

El vocero del gobierno, José Luis Galvez, se pronunció recientemente sobre la nueva lista de ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos ha restringido el acceso a su territorio. Galvez destacó que la administración de Rodrigo Paz no otorgará protección ni blindaje a ninguno de los involucrados en esta situación.
Durante su intervención, Galvez destacó que el Gobierno no respaldará a las autoridades y exautoridades que han sido señaladas por EE.UU. por presuntos lazos con el narcotráfico y la corrupción, reafirmando así la postura del Ejecutivo respecto a las acciones del país norteamericano.
"El Gobierno no va a dar ninguna protección ni blindaje para nadie", enfatizó el vocero, subrayando que quienes figuran en la lista y ocuparon cargos ministeriales deben enfrentar las consecuencias legales que correspondan si se presentan pruebas que justifiquen procesos judiciales.
Esta declaración se produce en un contexto de creciente presión internacional y refleja la postura firme del Gobierno frente a las acusaciones provenientes de Washington.
Galvez concluyó su exposición reafirmando que la administración actual está comprometida a actuar de manera transparente y a colaborar con las instancias judiciales pertinentes en caso de ser necesario.

Rafael López solicita reunión con la embajada de EE.UU. tras ser vetado
Por Reynaldo Villca — 28 Oct 2026
El diputado boliviano Rafael López, incluido en la lista de personas vetadas para ingresar a Estados Unidos, ha solicitado una audiencia con la embajada estadounidense para conocer los motivos de esta restricción.

Interpelaciones pendientes se trasladan a la nueva legislatura 2026-2027
Por Germán Canaviri — 28 Oct 2026
La Asamblea Legislativa Plurinacional ha decidido mover las interpelaciones no resueltas a la próxima gestión legislativa, según lo aprobado en sesión reciente.

Ley N.º 073/2025-2026 busca sancionar las denuncias falsas
Por Reynaldo Villca — 28 Oct 2026
El proyecto de ley en discusión propone penalizar las denuncias falsas, generando preocupación entre organizaciones que defienden los derechos humanos por sus posibles efectos en la denuncia de casos legítimos.