Nueva ley asegura pasajes aéreos solidarios para pacientes críticos

El 20 de octubre de 2026, el presidente Rodrigo Paz firmó la Ley N.º 1780, que establece la provisión de pasajes aéreos solidarios, tanto nacionales como internacionales, dirigidos a pacientes que sufren de cáncer, enfermedades terminales o que se encuentran en condición crítica y requieren traslado para recibir atención médica.

Este beneficio estará disponible para aquellos pacientes que presenten un certificado emitido por la autoridad de salud de su localidad. Además, se contempla la posibilidad de que un acompañante viaje con el paciente, o hasta dos en el caso de menores de edad.

Reservas y condiciones para las aerolíneas

La normativa obliga a las aerolíneas a reservar los asientos necesarios para facilitar el traslado de los pacientes y sus acompañantes, tomando en cuenta sus requerimientos médicos específicos. También deberán asegurar condiciones adecuadas para una travesía cómoda y segura.

Las empresas aéreas tienen la responsabilidad de gestionar la emisión de los pasajes con anticipación, evitando la negativa de entrega por razones no justificadas, en conformidad con la Ley General del Transporte.

Para acceder a este beneficio, los pacientes deben presentar un certificado médico, ya sea físico o digital, que sea validado por la autoridad de salud correspondiente. Este proceso de verificación deberá realizarse de manera rápida y eficiente.

La ley también otorga incentivos tributarios a las aerolíneas que participen en este programa, permitiéndoles deducir el costo de los pasajes solidarios para el cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Sin embargo, los beneficiarios deberán asumir el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y otros impuestos relacionados.

Finalmente, se estipulan sanciones para las aerolíneas que no cumplan con las normas establecidas, y en caso de irregularidades en los certificados médicos, se procederá con acciones legales pertinentes.

El Ministerio de Obras Públicas, junto al Ministerio de Salud y Deportes, tiene un plazo de 30 días desde la publicación de la ley para desarrollar la reglamentación necesaria para su implementación.