Gobierno de Rodrigo Paz planea una reforma judicial para 2027
Por Germán Canaviri — 20 Oct 2026

El pasado lunes 19 de octubre, el presidente Rodrigo Paz reveló que su administración tiene como objetivo lanzar una reforma integral del sistema judicial en enero de 2027, y está trabajando para obtener financiamiento adicional que apoye esta iniciativa.
Paz mencionó que el año 2026 se dedicará a planificar el trabajo con expertos tanto nacionales como internacionales, así como a elaborar las propuestas necesarias para esta transformación institucional.
Entre las principales necesidades expresadas por los funcionarios del sector judicial se encuentran: la modernización de la tecnología, la digitalización de expedientes y audiencias, el fortalecimiento del personal y la mejora de la infraestructura de los juzgados.
El presidente también explicó que se están realizando gestiones en Panamá para obtener recursos financieros, aunque no proporcionó detalles sobre acuerdos específicos o montos estimados que podrían conseguirse.
Esta reforma, que aún no tiene propuestas concretas ni cronogramas establecidos, dependerá en gran medida de las decisiones que tome el Gobierno y de la colaboración con los organismos correspondientes.
La reforma anunciada aún debe traducirse en propuestas concretas, cronogramas y decisiones institucionales.

Rafael López solicita reunión con la embajada de EE.UU. tras ser vetado
Por Reynaldo Villca — 28 Oct 2026
El diputado boliviano Rafael López, incluido en la lista de personas vetadas para ingresar a Estados Unidos, ha solicitado una audiencia con la embajada estadounidense para conocer los motivos de esta restricción.

Interpelaciones pendientes se trasladan a la nueva legislatura 2026-2027
Por Germán Canaviri — 28 Oct 2026
La Asamblea Legislativa Plurinacional ha decidido mover las interpelaciones no resueltas a la próxima gestión legislativa, según lo aprobado en sesión reciente.

Ley N.º 073/2025-2026 busca sancionar las denuncias falsas
Por Reynaldo Villca — 28 Oct 2026
El proyecto de ley en discusión propone penalizar las denuncias falsas, generando preocupación entre organizaciones que defienden los derechos humanos por sus posibles efectos en la denuncia de casos legítimos.