La Fiscalía interviene el sistema ROMA por acceso no autorizado a información sensible

El sistema ROMA, que había sido una de las principales herramientas digitales del Ministerio Público, se encuentra actualmente bajo intervención. Este ecosistema fue creado durante la gestión del exfiscal general Roger Mariaca y se presentó oficialmente en mayo de 2025, con el propósito de centralizar y digitalizar gran parte de las operaciones fiscales.

La reciente administración ha decidido revisar el sistema tras recibir alertas sobre posibles accesos indebidos a información crítica, además de eliminar la identidad de ROMA dentro de la institución. El nombre ROMA se refiere a Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones.

Este sistema tenía como finalidad agrupar en un solo entorno la gestión fiscal, la persecución penal y la interoperabilidad con diferentes instituciones, además de facilitar el uso de herramientas de inteligencia de datos. Entre sus múltiples funcionalidades se encontraban la consulta de causas y el acceso a expedientes digitales.

• Consultar y hacer seguimiento a causas
• Acceder a expedientes digitales
• Recibir notificaciones electrónicas
• Gestionar documentos con validez digital
• Interoperar con unidades policiales y órganos judiciales
• Centralizar información administrativa y operativa
• Incorporar herramientas de inteligencia artificial

Además, la Fiscalía creó una aplicación móvil para que los ciudadanos pudieran consultar información sobre sus procesos y recibir notificaciones. La plataforma se enriqueció con herramientas como IRIS, que evaluaba riesgos en casos de violencia familiar, y sistemas de control tecnológico para personas bajo detención domiciliaria, como ROMA-ARGO, que utilizaba geolocalización y reconocimiento facial.

La intervención del sistema fue anunciada por el fiscal general interino José Armando Urioste, quien manifestó que había recibido denuncias sobre accesos no autorizados por parte de individuos ajenos, incluyendo presuntos miembros de organizaciones criminales. Según Urioste, se sospecha que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pudo tener acceso a información relacionada con el sistema, lo que podría haber comprometido órdenes de aprehensión y allanamientos.