Cuestionan designaciones y gestión en la Contraloría General del Estado

Nova Press Bolivia ha sacado a la luz una serie de acusaciones sobre presuntas irregularidades en la Contraloría General del Estado (CGE), la cual está bajo la administración interina de Sandra Quiroga Solano, designada por el presidente Rodrigo Paz el 3 de febrero de 2026 mediante el Decreto Supremo 5538. Las denuncias provienen de funcionarios que han solicitado el anonimato para evitar represalias.

Uno de los puntos más controversiales es la designación de Patricia Elizabeth Arandia Quiroga como subcontralora de Servicios Legales. Se cuestiona su idoneidad para el cargo, dado que su trayectoria se enfoca principalmente en funciones administrativas, lo que podría no cumplir con los requisitos técnicos necesarios. Además, se menciona una vinculación personal con Rubén Darío Cardozo Marañón, quien ocupó previamente el cargo de subcontralor general y actualmente trabaja en el Ministerio de Gobierno, aunque esto no establece de por sí un caso de nepotismo.

Otra de las denuncias destaca la posible manipulación del sistema informático CONTROLEG, que gestiona datos judiciales y auditorías. Se alega que este sistema se habría utilizado para borrar registros de procesos que involucran a Rodrigo Paz, lo cual podría haber facilitado su candidatura presidencial en 2025. Sin embargo, las acusaciones carecen de respaldo judicial que las confirme en este momento.

Los denunciantes también critican la administración de Cardozo en la CGE, señalando fallas en los sistemas informáticos y en los convenios académicos. Existe preocupación por el hecho de que personal de la anterior gestión haya sido reubicado en otras instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Gobierno, lo que genera suspicacias sobre posibles influencias políticas en tales decisiones.

Hasta el momento de la consulta, las alegaciones de Nova Press no han sido verificadas por fuentes judiciales independientes. La Contraloría ha comunicado que Quiroga fue nombrada de manera interina para asegurar la continuidad del funcionamiento mientras se designa a una autoridad titular por parte de la Asamblea Legislativa. Las instituciones competentes deberán investigar las denuncias para determinar si hubo irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.