Senadora Yarhui insiste en que no cesen las investigaciones sobre Cerimedo y otros casos

La senadora Tomasa Yarhui ha solicitado que las investigaciones que involucran a Fernando Cerimedo, las 32 maletas que llegaron al país a través del aeropuerto Viru Viru y el cargamento de 189 kilos de oro no se interrumpan. Esta solicitud surge en un contexto de tensión tras las denuncias realizadas por Estados Unidos hacia el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otros funcionarios del sistema judicial.

Yarhui propuso la creación de una comisión especial mixta que combine la participación de senadores y diputados para abordar las acusaciones que llevaron a la revocación de visas contra Mariaca y otros funcionarios. Además, sugirió que los implicados en las denuncias estadounidenses se aparten temporalmente de sus funciones mientras duren las investigaciones.

Las investigaciones en cuestión aún no han alcanzado una resolución final. En el caso de las 32 maletas, el Ministerio Público no ha revelado la información sobre su contenido, origen y destino; hasta la fecha, cuatro de estas maletas han sido recuperadas, según la fiscalía, que lo comunicó en julio. Los principales investigados, la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, se encuentran bajo arresto domiciliario.

En cuanto al cargamento de oro incautado en el aeropuerto Viru Viru, se trata de 77 lingotes que suman un total de 189,5 kilos, con un valor que supera los 20 millones de dólares. El único detenido en este caso, Adrián Lema Roca, fue liberado posteriormente, mientras las pesquisas sobre la procedencia y los dueños de este oro continúan en curso.

Sobre Fernando Cerimedo, la Fiscalía ha ampliado la investigación desde septiembre por enriquecimiento ilícito, añadiendo acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y el uso de documentos falsificados. El ciudadano argentino ha sido convocado a declarar en calidad de sindicado en este proceso.

La propuesta de Yarhui se suma a un debate más amplio que se ha generado en el Legislativo tras las acusaciones emitidas por Washington hacia el fiscal general. La Asamblea Legislativa se ha convocado para el 5 de octubre con el fin de discutir la situación de las autoridades judiciales que han sido señaladas por Estados Unidos.