Aspectos legales del estado de excepción según Fabricio Góngora
Por Norma Aguilar — 22 Sep 2026

Fabricio Góngora, jurista reconocido, abordó cómo el estado de excepción restringe la posibilidad de llevar a cabo reformas a la Constitución boliviana. Según Góngora, estas limitaciones son fundamentales para entender el marco legal actual del país.
El artículo 140, parágrafo III, de la Constitución Política del Estado es claro al indicar que "la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción". Esta normativa se ha convertido en un tema crucial en los debates sobre la viabilidad de implementar reformas constitucionales en el contexto actual.
Góngora enfatizó que esta normativa no solo limita el inicio de reformas, sino que también afecta las diversas vías que se podrían utilizar para modificar la Constitución. La vigencia del estado de excepción implica restricciones significativas para cualquier intento de cambio en la estructura legal del país.
Implicaciones en el debate actual
La interpretación de estos límites se hace aún más relevante en el marco del debate actual sobre el futuro de la normativa boliviana, donde actores políticos y sociales discuten la necesidad de reformas en medio de circunstancias excepcionales que restringen su ejecución.
Por lo tanto, la posición de Góngora es clara: mientras el estado de excepción esté en vigor, las reformas constitucionales se encuentran imposibilitadas, lo que abre un amplio espacio para la reflexión sobre las estrategias a seguir en el ámbito constitucional boliviano.

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El diputado boliviano Rafael López, incluido en la lista de personas vetadas para ingresar a Estados Unidos, ha solicitado una audiencia con la embajada estadounidense para conocer los motivos de esta restricción.

Interpelaciones pendientes se trasladan a la nueva legislatura 2026-2027
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Ley N.º 073/2025-2026 busca sancionar las denuncias falsas
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El proyecto de ley en discusión propone penalizar las denuncias falsas, generando preocupación entre organizaciones que defienden los derechos humanos por sus posibles efectos en la denuncia de casos legítimos.