Lissa Claros exige investigación profunda sobre gasolina de mala calidad

La diputada de Libre, Lissa Claros, ha pedido una exhaustiva investigación sobre la gasolina de mala calidad, conocida como gasolina desestabilizada, que involucra a exfuncionarios de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Esta solicitud se enmarca dentro de una denuncia presentada ante el Ministerio Público hace más de tres meses, donde se identifican posibles responsabilidades de varias autoridades.

Claros mencionó que Akly, quien presidía YPFB en ese entonces, y los altos mandos de la ANH son considerados como principales responsables en este caso. La legisladora enfatizó que la ANH tenía el deber de asegurar la calidad del combustible en los surtidores, y cuestionó la falta de claridad respecto a cómo el combustible en cuestión llegó a los consumidores.

Además, Claros instó a que se esclarezca el tipo de combustible que ingresó al país, quiénes autorizaron su recepción y el tratamiento que recibió antes de ser distribuido. En su criterio, se estima que alrededor de 50 funcionarios y exfuncionarios están inicialmente relacionados con el caso, aunque este número podría aumentar significativamente con una investigación más profunda.

La parlamentaria también se refirió a las declaraciones del exministro Mauricio Medinaceli, quien argumentó que la Resolución 041 no permitió la comercialización de la gasolina, sino su desprecintado para tratamiento. Sin embargo, Claros subrayó la necesidad de investigar qué sucedió después de ese desprecintado y quiénes no cumplieron con la verificación de calidad.

Asimismo, la diputada considera que la indagación debe abarcar gestiones anteriores, incluso desde 2021 y 2022, lo que incluye a exautoridades como Armin Dorgathen y funcionarios de la ANH de períodos pasados. Para garantizar la presencia de los implicados durante el proceso, ha solicitado medidas como arraigo y alerta migratoria.

Claros advirtió que el caso no debe quedar impune, demandando no solo la identificación de responsabilidades penales, sino también el resarcimiento económico por los daños causados al Estado y a las familias afectadas. Mencionó que ya se han destinado más de Bs 20 millones para ayudar al sector transporte, lo que podría impactar a la población en general. La diputada concluyó afirmando que es crucial investigar y sancionar a los responsables para establecer un precedente.