Cumbre Minera genera preocupación por posible explotación en áreas protegidas

La diputada Cecilia Requena ha expresado su inquietud en relación a la Cumbre Nacional Minera 2026, que se lleva a cabo con el objetivo de reestructurar la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia. De acuerdo con Requena, esta modificación podría habilitar la explotación de recursos en áreas protegidas del país.

El evento se está realizando en la Universidad Privada Boliviana (UPB) de Achocalla y ha sido objeto de críticas por su falta de apertura, ya que no contó con la participación de actores históricos del sector, tales como la FSTMB y Fencomin. La diputada Patricia Patiño, presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente, también ha manifestado que no apoyarán los resultados de esta cumbre.

Durante la reunión, que estuvo marcada por una atmósfera tensa, se abordaron cuestiones cruciales sobre la minería en áreas protegidas, lo que, según Requena, podría ocasionar daños ambientales irreversibles. La modificación del artículo 220 de la ley, que regula las actividades mineras en tales zonas, plantea un grave riesgo para el patrimonio ecológico boliviano, afectando fuentes de agua y la rica biodiversidad del país.

Requena señaló que algunos legisladores fueron convocados a una reunión con el ministro de Minería, Marco Calderón, pero esta se llevó a cabo sin establecer un diálogo técnico adecuado, lo que limitó la discusión sobre un nuevo código minero. La diputada criticó que la cita fue breve y convocada con poco tiempo de antelación.

La diputada Patricia Patiño también criticó la ausencia de representantes de pueblos indígenas en el evento, argumentando que es inaceptable discutir el futuro de los recursos naturales sin incluir a aquellos que enfrentan directamente las consecuencias de la minería y la contaminación. Resaltó que la falta de participación de la Comisión legislativa en este proceso limita el seguimiento de los temas tratados.

La posibilidad de abrir áreas protegidas a la minería representa una amenaza directa a la biodiversidad y a las comunidades que dependen de estos ecosistemas. La Cumbre Nacional Minera 2026, aunque se presenta como un espacio para la creación de un nuevo marco regulatorio, ha suscitado un amplio rechazo por las implicaciones ambientales que podría acarrear.