Gobierno y gobernadores acuerdan la Agenda 50/50 para reformar la coparticipación fiscal

Este miércoles, en la ciudad de Sucre, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores del país formalizaron el Acuerdo 001/2026, que da inicio a la Agenda 50/50. Este convenio tiene como fin impulsar reformas significativas en la coparticipación de recursos y en la autonomía fiscal de las gobernaciones.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la creación de una mesa técnica especializada que tendrá como tarea la elaboración de un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Esta iniciativa busca alcanzar consensos legislativos que permitan implementar el nuevo esquema a partir de la gestión fiscal del 2027.

El acuerdo también incluye el análisis de mecanismos que permitan ampliar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto podría implicar la reclasificación de bases imponibles que, en la actualidad, son gestionadas por el nivel central, así como la creación de nuevos tributos dentro del marco constitucional, la aplicación de sobretasas y modificaciones a la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos. El plazo establecido para este proyecto es de 90 días.

En lo que respecta a la gestión presupuestaria, se acordó revisar las normas que limitan el uso del gasto departamental y avanzar hacia la eliminación gradual de disposiciones que financian obligaciones del nivel central o de entidades ya cerradas. También se contemplan mecanismos que otorguen a las gobernaciones mayor autonomía para definir sus presupuestos, aunque el control de los agregados fiscales se mantendrá en manos del Gobierno nacional.

Adicionalmente, la Agenda 50/50 establece la revisión de las normativas que han limitado las competencias constitucionales de los gobiernos departamentales, así como la evaluación de ajustes en las transferencias fiscales basados en criterios de sostenibilidad y equidad territorial.

Por otra parte, se prevé la creación de una normativa que facilite las alianzas entre el sector público y privado desde las gobernaciones, así como la modificación de la Ley 699 para fortalecer su vinculación internacional. También se analizarán opciones para implementar fondos de compensación y la transferencia gradual de instituciones públicas a la gestión departamental, además de medidas para aliviar la carga financiera.

El Gobierno nacional se comprometió a proporcionar información técnica a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones deberán contribuir con insumos para construir propuestas consensuadas. Asimismo, se informaron planes para reunirse con municipios, autonomías indígenas y el Gobierno Regional del Chaco, con el objetivo de incluir estos acuerdos en el futuro Gran Acuerdo Nacional por las Autonomías.