Transportistas demandan acciones urgentes ante la escasez de diésel y establecen plazo al Gobierno

La crisis por la escasez de diésel en Bolivia sigue generando inquietud en el ámbito productivo y del transporte. Los líderes del sector han denunciado que las largas filas en las estaciones de servicio continúan y critican que los compromisos del Gobierno no han logrado restablecer el abastecimiento de combustible.

En respuesta a esta situación, los transportistas de carga, tanto nacional como internacional, han dado un ultimátum de 15 días al gabinete de Rodrigo Paz para que se implementen soluciones efectivas ante la falta de diésel y el deterioro de las carreteras.

Los transportistas han advertido sobre la posibilidad de adoptar medidas de presión si sus solicitudes no son atendidas. Domingo Ramos, uno de los dirigentes, enfatizó que esta es la cuarta comunicación enviada al presidente, solicitando además una inspección técnica de las carreteras con un notario presente, asegurando respuestas claras a sus demandas.

Ramos mencionó que si la situación persiste, el sector podría declararse en quiebra nacional, indicando que no se pagarán peajes ni impuestos, ni se cumplirán compromisos financieros con los bancos, debido a que la falta de combustible y las malas condiciones de las vías están impactando severamente en su actividad.

Asimismo, los transportistas están considerando iniciar acciones legales contra funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, Economía e Hidrocarburos, argumentando un posible incumplimiento de deberes por no cumplir con los acuerdos establecidos.

Según los representantes del sector, más de 12.000 transportistas en el país se ven afectados por esta crisis, de los cuales alrededor del 60% están en problemas debido a la falta de diésel.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos que proporcionen información y tomen medidas para regularizar el suministro de combustible. La Defensoría ha indicado que lleva semanas requiriendo datos sobre las acciones a seguir, sin haber recibido hasta ahora respuestas satisfactorias.

En medio de esta crisis, la Policía reportó la incautación de 5.000 litros de diésel que estaban siendo transportados de forma ilegal hacia Guanay. Este combustible, que provenía de Caranavi, fue confiscado en un camión Nissan Cóndor, cuyo conductor fue detenido por no presentar la documentación requerida. El caso ha sido remitido al Ministerio Público para esclarecer si el diésel estaba destinado a actividades ilegales, como la minería o el contrabando.

Mientras tanto, los transportistas mantienen su demanda y esperan que el Gobierno se reúna con ellos antes de que concluyan los 15 días establecidos, de lo contrario, las medidas de presión se implementarán.