Sector laboral y transporte cuestionan el nuevo precio del diésel

El aumento en el precio del diésel, que ahora se sitúa en Bs 17,95 por litro a partir del 19 de septiembre, ha provocado un rechazo generalizado entre diferentes organizaciones sociales. La medida, que se basa en el Decreto Supremo 5716, ha sido calificada de perjudicial para el transporte, la canasta familiar y la economía de los trabajadores.

La Central Obrera Boliviana (COB) ha manifestado su desacuerdo y ha convocado a un ampliado nacional de emergencia donde participarán confederaciones, federaciones y centrales obreras de distintas regiones. En su comunicado, la COB subrayó que el incremento del combustible impactará negativamente en el costo de la canasta básica y responsabilizó al Gobierno por posibles movilizaciones que decidan sus bases.

Desde Chuquisaca, la Central Obrera Departamental (COD) declaró un estado de extrema emergencia y exigió la derogación del decreto mencionado. Su ejecutivo, Marcelo Torres, advirtió que el aumento del diésel tendrá un efecto directo en los costos del transporte y la producción, lo que podría llevar a un aumento significativo en los precios de varios productos de la canasta familiar.

En Oruro, la Federación Departamental de Choferes "San Cristóbal", que representa a más de 33,000 afiliados, también se opuso al nuevo precio del diésel, solicitando a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia que convoque un ampliado de emergencia. Los transportistas pesados expresaron que el incremento de costos podría desencadenar movilizaciones.

Asimismo, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) anunció un ampliado nacional para definir acciones a seguir, mientras que organizaciones de productores en Yapacaní llevaron a cabo la quema de copias del decreto y convocaron a una reunión para evaluar medidas de protesta. Por otro lado, el Sindicato Mixto de Transportistas "San Cristóbal" de Chuquisaca informó sobre un reajuste en sus tarifas de transporte.

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ha reiterado su demanda de abrogación del decreto y convocó a un ampliado nacional para discutir nuevas medidas de presión. En contraste, el Gobierno ha defendido el retiro de la subvención, anunciando un paquete de compensaciones y apoyo para el sector productivo afectado.