Reformas del Gobierno para Modernizar la Minería y Combatir la Ilegalidad

El Gobierno boliviano, a través del Ministerio de Minería, está llevando adelante reformas con el objetivo de simplificar los trámites para la obtención de derechos mineros y combatir la creciente minería ilegal. El ministro Marco Antonio Calderón de la Barca subrayó que una de las metas centrales es facilitar la entrega de los Contratos Administrativos Mineros (CAM), que son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en las operaciones del sector.

Como parte de estas reformas, se eliminaron 11 resoluciones ministeriales que añadían requisitos adicionales a los establecidos en la Ley 535. Además, se busca promover la digitalización de los trámites administrativos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para mejorar la eficiencia y facilitar la formalización de nuevos proyectos mineros.

El ministro también reconoce que aún existen operaciones que funcionan sin la debida licencia ambiental. Por ello, es esencial reforzar los mecanismos de fiscalización y estandarizar los requisitos entre las instituciones responsables de emitir estas autorizaciones. Un caso reciente que ilustra las falencias en el control interno fue el decomiso de 189 kilogramos de oro con documentación falsa en el aeropuerto de Viru Viru.

Otro aspecto crucial de la nueva política minera es la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera, en cumplimiento con el Convenio de Minamata. Calderón indicó que Bolivia está considerando incorporar tecnologías utilizadas en países como Colombia y Ecuador, que permiten la recuperación de oro sin el uso del mercurio, especialmente en operaciones donde eso sea viable.

Para abordar la minería ilegal, el Ministerio de Minería ha propuesto el uso de tecnología de monitoreo satelital que permita detectar actividades ilegales de forma temprana. Sin embargo, estas intervenciones se complican por la presencia de grupos armados en algunas zonas, lo que obliga a coordinar acciones con la Policía Boliviana y, en ocasiones, con las Fuerzas Armadas.

A pesar de los esfuerzos por modernizar el sector y formalizar la actividad minera, persiste la preocupación sobre el equilibrio entre las necesidades económicas y las urgencias ecológicas. Aunque la rapidez en la entrega de CAM busca reducir la informalidad, se alerta que una aceleración sin fiscalización adecuada podría llevar a la legalización de prácticas destructivas para el medio ambiente.

La acumulación de miles de solicitudes pendientes en la AJAM ha llevado a muchas cooperativas auríferas a operar en la informalidad, aduciendo que la burocracia existente las empuja a extraer sin Licencias Ambientales o sin la Consulta Previa a las comunidades locales. Las comisiones de fiscalización, por su parte, han enfrentado situaciones de violencia durante los operativos contra la minería ilegal, que ahora está bajo el control de grupos armados con recursos logísticos avanzados.

Organismos sociales e indígenas han expresado su preocupación por las presiones que reciben para flexibilizar normativas y acceder a áreas protegidas, lo que genera un conflicto entre los compromisos estatales de conservación y los intereses del sector minero.