Reformas al sistema electoral: El TSE busca adaptarse a la era digital

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha establecido noviembre como fecha límite para presentar una propuesta que reforme las leyes 018 y 026, que han estado vigentes por más de 16 años, así como la ley 1096, que recientemente cumplió ocho años. Esta iniciativa surge tras múltiples procesos electorales y en un contexto donde se discute la posibilidad de modificar la Constitución, mientras el país enfrenta la elección de autoridades judiciales en ciertos departamentos y campañas políticas fuertemente influenciadas por las redes sociales y la inteligencia artificial (IA).

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, enfatizó que no se puede llevar a cabo un nuevo proceso electoral bajo las normas actuales, debido a que la experiencia de las elecciones judiciales y de los comicios generales ha revelado inconsistencias y vacíos que necesitan ser abordados. Ávila recordó que algunas de las regulaciones todavía reflejan criterios de los años 90, lo que subraya la necesidad de una actualización.

Desafíos ante el avance de la tecnología

Las tres leyes mencionadas fueron promulgadas mucho antes de la expansión de la IA generativa, lo cual ha generado un desajuste normativo. Ávila destacó que las actuales regulaciones no contemplan ninguna referencia a los medios digitales, lo que es crucial en el contexto actual. En diciembre de 2025, el TSE ya había identificado la regulación de la IA y la lucha contra la desinformación como retos fundamentales para el sistema electoral.

• Sustitución de candidaturas hasta 48 horas antes de la votación
• Paridad y alternancia en las listas de candidatos
• Debates obligatorios entre candidatos
• Regulación de encuestas
• Transfugio político
• Referendos revocatorios
• Prohibición de venta de candidaturas
• Uso de organizaciones políticas como "taxipartidos"

Además, se está considerando la inclusión de nombres y fotografías de senadores y concejales en las papeletas electorales. Ávila subrayó que cualquier modificación debe mantenerse dentro del marco constitucional, que establece los procedimientos para tales ajustes, un proceso en el cual participan diversos actores políticos.