Propuesta para ajustar precios de combustibles en Bolivia frente a crisis de diésel
Por Lidia Mollo — 28 Ago 2026

El país enfrenta una crisis de abastecimiento de diésel que afecta diversos sectores productivos, mientras que las largas filas en las estaciones de servicio se han vuelto comunes. Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, argumenta que es imprescindible "sincerar" los precios de los combustibles, actualizándolos en función de los precios internacionales del petróleo, ya que la situación actual resulta insostenible.
Velásquez subraya la urgencia de ajustar el costo de los carburantes, dado que Bolivia se ha convertido en un importador neto de hidrocarburos, lo que ha llevado a una dependencia crítica. En 2015, la mitad del diésel consumido era importado, pero desde 2022, el país ha pasado a depender casi completamente de las importaciones.
Según el analista, Bolivia importa el 95% del diésel que consume a precios del mercado internacional, por lo que venderlo a un precio inferior genera una carga fiscal insostenible. Esto es un factor que agrava la situación económica, sobre todo cuando se intenta subsidiar este costo.
A pesar del Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo régimen de precios para grandes consumidores, Velásquez considera que esta medida es insuficiente y podría generar mercados negros, lo que solo complicaría más la situación de desabastecimiento en el país.
El especialista también menciona que la recomendación del FMI de sincerar los precios es válida, ya que el Estado no puede seguir cubriendo la diferencia entre el costo internacional y el precio interno. Esto, a su vez, implica sacrificios en áreas cruciales como salud y educación.
Velásquez propone un ajuste gradual de los precios, argumentando que la situación ha llegado a un punto crítico que podría desencadenar una mayor crisis energética. Para evitar una escalada en el desabastecimiento, es esencial que los precios sean competitivos y estén alineados con el mercado internacional.
El analista concluye que es crucial ajustar el decreto existente para permitir que todos los consumidores estén bajo un régimen de precios que refleje la realidad del mercado, sugiriendo la creación de un fondo de estabilización que aporte flexibilidad a los precios en función de la situación internacional.

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