La minería aurífera en Bolivia: beneficios desiguales y bajos ingresos para el Estado

La minería aurífera en Bolivia se caracteriza por generar enormes ingresos para compañías privadas, mientras que el Estado solo percibe un aporte insignificante. A pesar de la considerable exportación de oro, su contribución a la economía nacional es muy limitada.

Héctor Córdova, experto en minería de la Fundación Jubileo, destaca que el aporte económico de esta actividad es una "miseria" y que el contrabando así como las actividades ilegales son factores que restan divisas al país. Además, las cooperativas mineras sobresalen en la producción, registrando más del 99,5% de la extracción a su nombre.

Los desafíos que enfrenta la minería incluyen problemas ambientales y estructurales, como una carga tributaria insuficiente y la falta de control estatal. Las organizaciones mineras establecen sus propias normas, lo que genera un ambiente desordenado en el sector.

El bajo aporte del Estado limita los recursos disponibles para el desarrollo del país. La explotación incontrolada de recursos y el uso de mercurio producen serias preocupaciones ambientales, mientras que la economía nacional se ve afectada por la pérdida de divisas hacia manos privadas.

A pesar de ser una de las fuentes de ingreso más importantes, la minería boliviana enfrenta grandes retos. Córdova indica que la falta de un control adecuado y una regulación efectiva sobre la comercialización deben ser abordadas para asegurar que los recursos naturales beneficien a todos los bolivianos, y no solo a unos pocos.

Desde 2018, la mayor parte del oro boliviano se ha vendido a países como India y los Emiratos Árabes, aunque para 2024, se prevé que China adquiera un rol más significativo. El uso de mercurio en la extracción plantea un reto ambiental, con más de 100 toneladas liberadas anualmente, lo que podría tener efectos adversos a corto plazo.

Un análisis de las ganancias revela que, entre 2000 y 2024, Bolivia ha extraído más de 22 mil millones de dólares en oro, de los cuales solo 544 millones han sido destinados al Estado, representando menos del 2,5% del total extraído. Esta situación pone de manifiesto que el patrimonio nacional se ha trasladado a bolsones privados, principalmente de cooperativas mineras.