Incertidumbre y miedo: Migrantes venezolanos se ocultan en Doral ante la amenaza de ICE

El 22 de septiembre, el alcalde de Doral, Javier Fernández, junto a exlegisladores estatales, se manifestó frente a la alcaldía para exigir la revocación del acuerdo con ICE, en un contexto de creciente preocupación por las redadas.

María, una inmigrante venezolana de 52 años, ha sentido un aumento en su ansiedad desde que las patrullas de ICE comenzaron a patrullar Doral, donde reside con su familia desde hace siete años. Su preocupación por las detenciones la ha llevado a reducir sus salidas.

Impacto de las redadas en la rutina diaria

Para evitar el contacto con ICE, María ha limitado sus salidas a la oficina, dejando de lado actividades recreativas y sociales. Este aislamiento ha afectado su salud mental, tal como ella misma lo expresa en conversaciones.

Con un caso de asilo aún pendiente, María teme que su estatus migratorio pueda ser un factor en su posible detención. Ella y su familia solicitaron asilo afirmativo, lo que debería protegerlos de la deportación mientras su situación es evaluada.

La familia de María se mudó a Miami en 2019, buscando escapar de la violencia que enfrentaban en Venezuela. Un secuestro anterior del esposo de María fue el detonante para que decidieran no regresar, optando por solicitar asilo en EE.UU.

Sin embargo, la implementación del acuerdo 287(g) en Doral, que permite la cooperación entre la policía local y ICE, ha intensificado la sensación de amenaza en la comunidad. A pesar de las protestas, la alcaldesa Christi Fraga ha defendido la legalidad del acuerdo, argumentando que las leyes migratorias son competencia federal.

María, ante la posibilidad de dejar Estados Unidos, considera buscar refugio en Canadá, mientras lidia con la incertidumbre sobre su futuro y la salud de su familia. La presión de los operativos de ICE la ha llevado a replantearse su vida en Doral.