Gobierno busca extender el estado de excepción por 90 días

El Gobierno de Bolivia está considerando una extensión del estado de excepción por 90 días adicionales, el cual se encuentra en vigor desde el 20 de junio. Esta prórroga podría posponer el tratamiento de las reformas a la Constitución Política del Estado (CPE). La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución al respecto, que ahora debe ser discutido en el pleno y posteriormente en la Asamblea Legislativa.

La importancia de esta medida radica en que el artículo 140 de la CPE prohíbe iniciar reformas constitucionales mientras haya un estado de excepción en curso. Por tanto, cualquier nueva prórroga mantendría congelados los proyectos de modificación de la Constitución mientras el régimen excepcional esté en vigor.

El estado de excepción fue instaurado tras 53 días de bloqueos y conflictos sociales en el país. El Gobierno argumenta que aún existen riesgos de movilizaciones que podrían desestabilizar la situación. El diputado oficialista Alejandro Medinaceli manifestó que la extensión del estado de excepción es necesaria para mantener la estabilidad alcanzada después de los conflictos recientes.

Esta decisión ha suscitado críticas en el ámbito político. Jorge Quiroga, líder del partido Libre, advirtió que una prórroga del estado de excepción implicaría un retraso de tres meses en la discusión de una reforma que considera urgente. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción significa ya no solamente 10 meses, sino tres meses más de no tratar lo imprescindible", afirmó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha señalado que el estado de excepción es una medida temporal que no aborda las causas estructurales de la conflictividad social, como los problemas relacionados con el combustible y el aumento del costo de vida. Así, mientras el Gobierno se esfuerza por mantener el control ante posibles nuevas protestas, la reforma constitucional se queda nuevamente en un limbo político.

Contexto actual de la situación

El estado de excepción, que fue declarado el 20 de junio de este año, se debió a la agitación social y las manifestaciones que afectaron al país. El Gobierno sostiene que la medida es esencial para prevenir el surgimiento de nuevas crisis en un contexto ya tenso y marcado por la inestabilidad social.

La situación actual refleja una lucha política intensa, donde la búsqueda de una solución a las demandas sociales se entrelaza con las decisiones gubernamentales sobre la seguridad y el orden público. La reforma de la CPE sigue siendo un tema candente en medio de este panorama complicado.