Emergencia en cinco cárceles de Perú ante el control de bandas criminales

El Ejecutivo de Perú ha declarado en emergencia cinco de sus cárceles, que albergan aproximadamente el 50% de los líderes y miembros de bandas criminales. Esta medida, implementada mediante un decreto supremo, busca que la Policía Nacional, en colaboración con las fuerzas armadas, mantenga el control y la seguridad en estas instalaciones.

Las prisiones afectadas son Challapalca en Tacna, Cochamarca en Pasco, Miguel Castro Castro y Ancón I en Lima, así como Trujillo Varones en La Libertad. La duración de esta emergencia está prevista por 60 días, durante los cuales se establecerá un perímetro de seguridad de 200 metros alrededor de los penales, en el que se suspenderán ciertos derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión.

Objetivos de la medida

El decreto detalla acciones específicas que serán llevadas a cabo por la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas para asegurar el área circundante y el espacio aéreo de las cárceles. Entre estas acciones se incluye un control riguroso de accesos, labores de inteligencia para prevenir fugas y el decomiso de objetos prohibidos como teléfonos celulares y armas.

Además, se contempla la realización de operativos permanentes en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que seguirá siendo responsable de la administración interna de las prisiones. El gobierno hace énfasis en que, durante esta emergencia, se respetarán los derechos humanos de los internos.

Esta medida se toma en un contexto donde las organizaciones criminales han estado dirigiendo actividades delictivas desde dentro de las cárceles. Recientemente, un empresario minero fue secuestrado en Trujillo por un grupo que simuló ser la policía, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las acciones contra estas bandas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el gobierno está comprometido en combatir la inseguridad, mientras se aguarda la aprobación de una solicitud para obtener facultades legislativas sobre seguridad ciudadana. Esta decisión fue tomada tras una reunión entre la presidenta Keiko Fujimori, el ministro de Justicia y otros altos funcionarios en el Palacio de Gobierno.