El Gobierno evalúa cierre de entre 8 y 10 empresas estatales

El Gobierno de Rodrigo Paz está en plena revisión de la estructura empresarial estatal y considera cerrar, liquidar o transformar varias empresas que no presentan sostenibilidad financiera. Este análisis podría incluir entre ocho y diez entidades, como parte de la evaluación que lleva a cabo el Ministerio de Economía junto con la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).

El Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comentó que se realizarán diagnósticos técnicos para identificar qué empresas pueden seguir funcionando y cuáles son un peso para las finanzas públicas. Dentro del contexto del Plan de Gestión de Empresas Reformulado 2026, se han habilitado mecanismos para la reorganización, disolución y liquidación de empresas estatales.

Esta evaluación se basa en la situación crítica que atraviesan diversas entidades. La OFEP ha advertido que 15 empresas se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas que superan los Bs 3.637 millones. Entre estas se mencionan a la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).

El ajuste en los recursos también se reflejará en los aportes de capital a estas empresas. El Plan de Gestión Reformulado prevé una reducción de Bs 3.800 millones en este ámbito, como parte de la estrategia del Gobierno para disminuir el déficit fiscal. Espinoza aclaró que no se buscará cerrar empresas de manera automática, sino evaluar cuál es la solución más adecuada: mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas, asociarlas con el sector privado o liquidarlas.

Entre los casos que se están considerando, se encuentra una empresa estatal dedicada a la producción de papas fritas ubicada en El Alto, que enfrenta la posibilidad de ser cerrada o transferida a otro nivel de gobierno, además de analizar un posible esquema de asociación público-privada, dependiendo de los resultados de la evaluación.

Con esta iniciativa, el Gobierno intenta reducir la estructura empresarial estatal, que históricamente ha consumido recursos públicos, exigiendo a varias empresas que demuestren su capacidad de operar sin representar una carga para el Estado.