El Decreto Supremo 5693 y su impacto en el sistema financiero

El Gobierno, bajo la dirección de Rodrigo Paz, ha promulgado el Decreto Supremo 5693, que establece medidas excepcionales para las entidades financieras que, a partir del 31 de julio de 2026, enfrenten dificultades para mantener sus niveles de solvencia. Esta iniciativa busca prevenir un deterioro adicional en el sistema financiero y asegurar la continuidad de los servicios que ofrecen estas instituciones.

Uno de los temas más críticos de esta norma es la disposición de utilizar temporalmente el Fondo Amplio de Garantía y de Crédito. Este fondo fue creado en 2026 y se nutre del 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y de las pequeñas y medianas entidades financieras. Su propósito original es facilitar el acceso a financiamiento, especialmente en lo que respecta a créditos para vivienda social y proyectos productivos.

Con la implementación del DS 5693, el fondo ahora podrá emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para aquellas entidades que presenten problemas de solvencia. Estos certificados tendrán una duración máxima de 90 días, lo que significa que los recursos que antes estaban destinados a facilitar el acceso al crédito, ahora pueden ser utilizados para fortalecer el capital de las entidades financieras.

Esta situación genera un debate sobre la salud del sistema financiero: si algunas entidades deben recurrir a medidas extraordinarias para reforzar su solvencia, ¿qué tan grave es la situación actual? Aunque el decreto no implica que haya una crisis bancaria sistémica, sí sugiere que podría haber problemas de solvencia que necesitan ser abordados, lo que requiere de información adicional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del Gobierno.

Una de las consecuencias más notorias de este decreto es la utilización de fondos destinados a la vivienda y al crédito productivo para fortalecer el patrimonio de los bancos. Históricamente, estos fondos se han utilizado para facilitar el acceso a vivienda de interés social, incluso cubriendo parte de la obligación de aportes que los bancos exigen a los prestatarios.

La cuestión crítica que surge es si el Gobierno está tomando medidas para proteger al sistema financiero contra una posible crisis, o si por el contrario está desviando recursos que deberían ser utilizados para el desarrollo social y productivo, a fin de resolver problemas internos de solvencia de las instituciones bancarias.