Desafíos en la reforma de la Constitución boliviana

Recientemente, los líderes políticos del país han comenzado a discutir la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado (CPE), ante la evidencia de que esta norma limita la posibilidad de ajustar leyes fundamentales al contexto actual.

La propuesta es considerada tanto oportuna como necesaria, dado que tras 17 años de vigencia, la actual CPE se presenta como un impedimento para fomentar la inversión privada y potenciar la actividad productiva. Se busca, además, garantizar la independencia del sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho, así como promover la unidad nacional.

Propuestas y reacciones

El diálogo sobre la reforma ha avanzado más allá de meras declaraciones, generando dos propuestas principales: una del ex Presidente Jorge Quiroga y otra del asambleísta Carlos Alarcón de la Alianza Unidad. A esta discusión se han sumado el Presidente del Senado y el actual mandatario, Rodrigo Paz. Sin embargo, la reacción no se ha hecho esperar, especialmente de sectores de la izquierda, incluido Evo Morales, quien a pesar de haber abogado por cambios en la CPE en 2023, ha manifestado su oposición a la reforma.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta esta iniciativa es definir su alcance. Una reforma limitada puede transformarse en un conflicto artículo por artículo, mientras que una reforma extensa podría ser vista como un intento de desmantelar el modelo de Estado Plurinacional, provocando reacciones en grupos que consideran la CPE fundamental para su identidad política.

Es crucial alcanzar acuerdos sobre qué aspectos deben permanecer en la Constitución y cuáles pueden ser regulados por leyes ordinarias. La CPE actual aborda detalles económicos y sectoriales que en otros contextos son tratados mediante leyes, lo que podría dificultar la adaptabilidad del Estado a los cambios necesarios en la política pública.

Además, la opinión pública jugará un papel determinante en el resultado de un eventual referéndum. Si la reforma se convierte en un plebiscito sobre el gobierno o sobre un liderazgo específico, corre el riesgo de fracasar, lo que podría tener un efecto paralizante para futuras reformas.

Otro aspecto a considerar son las implicaciones legales. La CPE establece diferencias entre reformas totales y parciales, pero con términos poco claros. El proceso de reforma puede verse complicado por los requerimientos de realizar una Asamblea Constituyente y obtener la aprobación de dos tercios del Parlamento, además de someterse a referéndums ratificatorios, lo que implica un entramado legal que requiere consenso.

En conclusión, cualquier cambio constitucional debe ir acompañado de una visión clara sobre cómo se abordarán los problemas estructurales del país. La simple modificación de la Constitución no resolverá automáticamente los desafíos que enfrenta Bolivia; se necesita un compromiso político que fomente un pacto democrático que permita una reforma gradual y técnicamente fundamentada, junto con un cambio profundo en la gestión legislativa e institucional.