Controversia por incautación de madera boliviana genera reclamos internacionales

Compradores de madera de Estados Unidos y México han manifestado su preocupación ante las autoridades chilenas por la reciente incautación y quema de cargamentos de madera boliviana en el puerto de Arica. Estos importadores están cuestionando la validez de los análisis que fundamentaron la acción, además de solicitar acceso a la documentación técnica pertinente y la posibilidad de realizar verificaciones independientes.

Durante la visita del presidente chileno José Antonio Kast a Bolivia, se conocieron los reclamos, aunque no fue un tema prioritario en la agenda oficial. La International Wood Products Association (IWPA), que representa a importadores en Estados Unidos, destacó que cargamentos bolivianos ya fueron inspeccionados en diversos países como Brasil, Perú, Francia, Canadá y Estados Unidos sin que se encontraran sustancias ilegales, a pesar de las advertencias de Chile sobre un cargamento sospechoso.

Desde México, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (IMEXFOR) ha señalado que este conflicto impacta negativamente a compradores, distribuidores y empresas de transporte. Ambas organizaciones han solicitado conocer los resultados completos de los análisis y el establecimiento de protocolos para el muestreo que aseguren la cadena de custodia.

La controversia tiene sus orígenes en junio, cuando la Fiscalía de Arica anunció la incautación de más de 1.080 toneladas de madera boliviana, alegando que parte de la carga contenía sustancias controladas como cocaína y ketamina. El fiscal regional Mario Carrera defendió la investigación, afirmando que los análisis del Instituto de Salud Pública confirmaron la presencia de drogas, aunque reconoció discrepancias en las concentraciones detectadas.

Los exportadores bolivianos han puesto en duda estos resultados, argumentando que la destrucción de la madera impide que se realicen peritajes independientes del material original. La Cámara Forestal de Bolivia ha estimado pérdidas que oscilan entre 10 y 15 millones de dólares, mientras que otras organizaciones del sector han reportado daños aún mayores, señalando la posible pérdida de mercados y empleos. Las repercusiones sobre la reputación de la industria son difíciles de cuantificar.

La situación también ha llegado a la Cancillería boliviana, que ha tomado medidas diplomáticas para asegurar la conservación de muestras y dar seguimiento al caso. A pesar de que la madera incautada ya fue destruida, autoridades chilenas han indicado que se han conservado contramuestras bajo custodia del Instituto de Salud Pública para futuros análisis.

El 20 de octubre se llevará a cabo una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Arica, donde se revisarán aspectos relacionados con la legalidad de las acciones y la gestión de las evidencias. Los exportadores también están considerando acciones legales para buscar compensaciones por los daños económicos sufridos.

La disputa no solo se limita al ámbito judicial, ya que el sector forestal de Bolivia demanda mayor transparencia técnica y una solución diplomática que permita recuperar la confianza de los compradores internacionales.