Condiciones del crédito del FMI: interés del 3,479% y plazo de amortización de 4,5 años

El proyecto de ley que regula el crédito proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI) establece una tasa de interés anual base de 3,479%. Esta tasa puede sufrir variaciones basadas en el precio de los Derechos Especiales de Giro (DEG) y puede incluir sobretasas adicionales. La amortización del capital comenzará a hacerse efectiva después de un periodo de 4 años y 6 meses, y el repago total se deberá realizar en un plazo que puede alcanzar hasta 10 años desde cada desembolso.

La tasa de interés del 3,479% está compuesta por un 2,879% que corresponde a la tasa de los DEG y un margen adicional de 0,6%. Es importante señalar que esta tasa no será estática y podría cambiar según la cotización de los DEG a lo largo del tiempo.

El acuerdo incluye un periodo de desembolso de hasta 36 meses, lo que significa que los recursos se podrán entregar a lo largo de tres años. Cada desembolso tendrá su propio plazo para el repago.

La gestión técnica que llevó a este crédito fue realizada por el Ministerio de Economía, que se encargó de administrar y negociar el endeudamiento público externo. De esta forma, se llegó a un acuerdo a nivel técnico el 29 de julio de 2026 para un programa bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF), destinado a apoyar a los países con problemas en su balanza de pagos.

El proyecto ya ha sido presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde está siendo revisado por la Comisión de Planificación, así lo comunicó Rodrigo Antonio, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados.

El financiamiento solicitado incluye un total de 1.369 millones de DEG, equivalentes aproximadamente a 1.900 millones de dólares. La necesidad de este financiamiento responde a desbalances fiscales y externos que enfrenta Bolivia, tales como déficits fiscales persistentes, menores ingresos por exportación de hidrocarburos, y presiones inflacionarias.

El objetivo de acceder a estos recursos es respaldar un programa de reformas económicas integral del Estado y cubrir las necesidades de financiamiento durante la transición económica que enfrenta el país.