Cañeros y mineros exigen la derogación del DS 5676 ante el aumento del diésel

El sector cañero en Santa Cruz llevó a cabo una movilización frente a las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para manifestar su desacuerdo con el Decreto Supremo 5676. Los manifestantes, liderados por el dirigente Óscar Alberto Peña, protestaron dejando "chala" en la entrada de la entidad estatal, argumentando que la nueva medida impone un precio diferenciado para el diésel, lo que consideran una discriminación que incrementará sus costos de producción.

Los cañeros demandaron la derogación del decreto y solicitaron una nueva normativa consensuada con los productores. Peña recordó que, tras la eliminación anterior de la subvención al diésel, la producción del sector se redujo a la mitad debido al aumento de costos, advirtiendo que la actual disposición podría empeorar la situación y afectar los precios de los productos en el mercado.

Peña también anunció que se llevará a cabo una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se decidirán nuevas medidas de presión en contra del decreto y se exigirán soluciones que aseguren la continuidad de la producción.

Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también exigió la anulación del Decreto Supremo 5676, rechazando la idea de presentar alternativas ante esta normativa, que fija un precio inicial de Bs 18 por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos).

"El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición", expresó el presidente de Fencomin, Josué Caricari.

El DS 5676 fue promulgado en medio de la crisis de escasez de combustibles, que provocó largas filas en las gasolineras. La normativa busca reducir la carga fiscal asociada a la importación de diésel por parte de YPFB, estableciendo un precio que incluye costos de importación y tributos.

El decreto establece un precio inicial de Bs 18 por litro para Clientes Directos y Gracos, manteniendo en Bs 9,80 el precio para otros consumidores, el mismo fijado previamente por el DS 5516. El Ministerio de Hidrocarburos deberá definir la metodología para calcular el precio referencial.

Fencomin criticó la forma en que el gobierno está implementando estas decisiones y advirtió que el aumento del precio impactará negativamente en el sector productivo, así como en los trabajadores y sus familias. La organización reafirmó su estado de emergencia y solicitó la derogación del DS 5676.