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Bolivia impulsa protocolos para proteger a jueces ante el crimen organizado

Por Lidia Mollo — 25 Sep 2026

Bolivia impulsa protocolos para proteger a jueces ante el crimen organizado
Bolivia impulsa protocolos para proteger a jueces ante el crimen organizado

En un foro realizado en Quito, Ecuador, representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura de Bolivia abogaron por la implementación de protocolos específicos destinados a salvaguardar a los jueces de las amenazas y ataques vinculados al crimen organizado.

Este planteamiento surgió durante el "Diálogo sobre el papel de los poderes judiciales en la lucha contra el crimen organizado" y el "Taller sobre la revisión del Estatuto del Juez Iberoamericano", eventos organizados por EL PAcCTO 2.0 que reúnen a figuras clave de la justicia iberoamericana.

Los participantes, incluyendo a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, se han reunido para discutir los retos que enfrenta la justicia ante la expansión de la delincuencia organizada y actualizar el Estatuto del Juez Iberoamericano.

La delegación boliviana, compuesta por el magistrado Germán Pardo del TSJ de Cochabamba y Manuel Baptista, decano del Consejo de la Magistratura, ha expresado que la independencia judicial no solo debe evitar las injerencias externas, sino también garantizar condiciones de seguridad y estabilidad.

Se enfatizó que cualquier juez que actúe bajo condiciones de amenaza compromete su independencia y la imparcialidad del sistema judicial, afectando así el derecho de la ciudadanía a una justicia libre y la estabilidad democrática del país.

Los magistrados recordaron los asesinatos de dos jueces en Bolivia: Wilber Marcial Cruz Arancibia, ocurrido el 7 de noviembre de 2025, y Víctor Hugo Claure Hinojoza, el 30 de abril de 2026, ambos casos resaltan la grave situación que enfrentan los operadores de justicia en el país.

Para hacer frente a esta problemática, Bolivia propuso la creación de un Protocolo Iberoamericano de Prevención y Respuesta ante Amenazas contra Operadores de Justicia, así como la necesidad de establecer protocolos nacionales que permitan actuar de manera inmediata ante riesgos específicos provocados por el crimen organizado.