Ávila reafirma el derecho a la protesta pacífica en medio de estado de excepción

Diego Ávila, presidente de la Cámara de Senadores, declaró que las manifestaciones pacíficas son válidas, incluso con la extensión del estado de excepción en Bolivia por 90 días, el cual busca reducir las pérdidas económicas y mitigar el desabastecimiento.

Esta medida se instauró tras un paro de 53 días, prolongado por bloqueos que paralizaron el país. La Asamblea Legislativa aprobó su extensión a solicitud del gobierno el 16 de septiembre, tras una maratónica sesión.

Ávila enfatizó que, aunque los ciudadanos tienen derecho a la protesta, esta debe hacerse sin afectar a terceros. Los bloqueos, por otro lado, no son permitidos, marcando una clara diferenciación en las formas de manifestación aceptadas.

La tensión se mantiene en carreteras como la ruta Cochabamba-Santa Cruz, donde pobladores y transportistas continúan con sus protestas exigiendo atención por parte del gobierno. Para estos sectores, los bloqueos son su única herramienta de presión.

Los impactos económicos de estas protestas son significativos, generando pérdidas millonarias y desabastecimiento en el sector agroindustrial y gremial de la región oriental del país. A pesar de ello, el gobierno sostiene que el estado de excepción ha permitido mantener la paz y la continuidad de las actividades laborales.

Finalmente, Ávila subrayó que la responsabilidad de implementar el estado de excepción recae en el Ejecutivo, que ha establecido mesas de diálogo con diferentes sectores para evitar la escalada de conflictos sociales, según reportes de la prensa local.