Aumento de llamados a un gran acuerdo nacional tras 51 días de conflicto

Con el estado de excepción próximo a su finalización, juristas y analistas sugieren que Bolivia debe avanzar hacia la creación de un espacio de diálogo que incluya a todos los actores relevantes, con el objetivo de establecer acuerdos que eviten futuras crisis.

Han transcurrido 86 días desde que el presidente Rodrigo Paz y el dirigente Mario Argollo firmaron un acuerdo que puso fin a 51 días de protestas y más de 45 días de bloqueos en el país. Esa misma noche, se implementó el estado de excepción. Ahora, a medida que esta medida se acerca a su final, las tensiones políticas y sociales continúan, lo que lleva a expertos a abogar por una mesa de diálogo para prevenir nuevos conflictos.

Recientemente, el presidente Paz ha iniciado conversaciones con los principales partidos políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, instándolos a llegar a un consenso en cuatro temas clave: un paquete de leyes, la reforma constitucional, la equidad de género en la representación y la subvención a futuro. En Santa Cruz, el mandatario enfatizó la necesidad de unidad para abordar estas cuestiones urgentes.

Los líderes de la oposición, como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, aún no han respondido oficialmente a esta invitación. Sin embargo, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera sostiene que el desafío va más allá de los acuerdos políticos y que es crucial restaurar la capacidad de las instituciones democráticas para manejar las diferencias antes de que estas se traduzcan en protestas.

Desde el ámbito sindical, Sósimo Paniagua, líder de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, también aboga por un encuentro nacional que reúna a todos los sectores. Él cree firmemente que la solución radica en que todos los bolivianos se unan y colaboren para avanzar juntos.

El analista político Daniel Moreno destaca que una cumbre nacional debería incluir a más actores que solo los partidos políticos, sugiriendo que es esencial incorporar a gobernadores y alcaldes para abordar las demandas económicas, sociales y territoriales del país.

La reciente crisis dejó un saldo devastador: pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares y la pérdida de aproximadamente 150.000 empleos, además de 22 muertes. Estos datos subrayan la urgencia de abrir espacios de diálogo y construir consensos, ya que esperar a que surjan nuevos conflictos para negociar no es una opción viable.