Aprobación de crédito del FMI para Bolivia: Pórcel solicita mayor fiscalización

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados dio luz verde a la ley que autoriza un préstamo de $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), enviando el proyecto al pleno para su consideración. De los 12 legisladores presentes, siete votaron a favor tras una extensa sesión que superó las siete horas.

José Luis Pórcel, diputado de la alianza Libre, expresó que durante la discusión se exigió al Ministerio de Economía la entrega de toda la documentación relacionada con el acuerdo del FMI, incluyendo los anexos. Aunque se recibieron cuatro anexos, se solicitó verificar si se enviaron todos, ya que estos documentos contienen criterios y compromisos del Gobierno.

Pórcel también criticó la falta de una firma en el acta de entendimiento final con el FMI. Según el Ejecutivo, este documento será rubricado tras la aprobación del financiamiento por parte de la Asamblea. El legislador alertó sobre la posible aparición de nuevas condiciones que no fueron discutidas durante el tratamiento de la ley.

Para asegurar un control efectivo, Pórcel propuso la creación de una oficina destinada a la fiscalización del uso de los fondos una vez que se efectúe el desembolso del crédito. Además, enfatizó que, en su interpretación del acuerdo, los $us 1.900 millones no deberían ser utilizados para gastos corrientes ni para el pago de salarios.

Sin embargo, existe una discrepancia en cuanto al uso previsto de los recursos. El Gobierno argumenta que el financiamiento será utilizado para fortalecer las reservas internacionales y estabilizar la economía, mientras que el viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, mencionó que estos fondos también podrían cubrir obligaciones salariales, incluyendo los sueldos de diciembre y el aguinaldo correspondiente a 2026.

El proyecto ahora pasará a ser discutido por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá si el crédito es enviado al Senado. Este acuerdo con el FMI incluye compromisos que abarcan, entre otros, la eliminación de la subvención a los combustibles en 2027 y medidas para consolidar la situación fiscal y monetaria del país.