Análisis Crítico a las Nuevas Medidas Económicas del Gobierno
Por Sandra Ayaviri — 19 Sep 2026

El analista Gabriel Rodríguez ha puesto en tela de juicio la reciente decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel, destacando que esta medida afecta de manera desigual a los sectores más vulnerables en comparación con el empresariado. Este análisis surge tras la fijación del nuevo precio del combustible en Bs 17,95 por litro, un cambio formalizado por el presidente Rodrigo Paz.
Rodríguez señala que los sectores populares cuentan con una protección limitada a través de bonos, aumentos en el salario mínimo, así como créditos y ajustes tributarios. Un factor relevante en su argumento es que más del 80% de la población activa en Bolivia trabaja en la informalidad, lo que implica que la mayoría de los trabajadores no obtendrán beneficios directos del incremento del salario mínimo.
Por otro lado, el análisis resalta que la industria privada y el sector agroindustrial tienen más recursos y mecanismos para enfrentar el aumento del precio del combustible. Esto incluye el acceso a créditos en condiciones preferenciales, la eliminación de aranceles para ciertos insumos productivos y facilidades tributarias adicionales. El Gobierno ha anunciado un paquete de apoyo que incluye hasta Bs 800 millones en créditos al 6% y arancel cero para diversos bienes de capital.
Desde la perspectiva gubernamental, se ha presentado un conjunto de medidas para mitigar el impacto del fin del subsidio, tales como el Bono PEPE II que beneficiará a más de 2,9 millones de personas, el incremento del programa Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300, y diversas iniciativas de empleo e inversión. Además, el nuevo esquema de precios del diésel se relaciona con el costo internacional establecido en el Decreto Supremo 5716.
Finalmente, Rodríguez concluye que las reformas implementadas parecen trasladar la carga del ajuste económico hacia los sectores más desfavorecidos, favoreciendo a la clase empresarial. Sus observaciones reflejan un análisis personal y no son una evaluación oficial sobre cómo estas medidas redistribuyen los recursos.

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