IBCE denuncia la retención de madera boliviana en Chile como una injusticia

El IBCE ha expresado su creciente preocupación por la retención y eliminación de cargamentos de madera boliviana en Chile. Gary Rodríguez, gerente general del instituto, calificó esta situación como una "iniquidad", exigiendo que se preserven las cargas aún bajo custodia para permitir la evaluación por parte de peritos independientes.

La controversia se originó en junio, cuando las autoridades chilenas informaron sobre la presencia de sustancias ilegales en 1.080 toneladas de madera boliviana, incluidos clorhidrato de cocaína y ketamina. Este hecho fue registrado como la mayor incautación en el país y afectó operaciones en puertos como Arica, San Antonio y Valparaíso.

A medida que el caso avanzaba, se reportó que 59 contenedores estaban involucrados. Desde el comienzo, el sector forestal de Bolivia ha cuestionado la validez de los análisis y ha solicitado que se realicen peritajes independientes sobre las muestras.

Impacto en el sector forestal boliviano

Rodríguez subrayó que los efectos negativos de esta situación no solo recae en las empresas directamente implicadas, sino que también afecta a toda la cadena de producción forestal y daña la imagen de Bolivia como proveedor internacional.

Desde el inicio del conflicto, la Cámara Forestal de Bolivia y otras organizaciones del sector han solicitado la intervención de expertos internacionales, como el CIRAD, para aclarar los hechos. Sin embargo, el 3 y el 11 de septiembre se llevaron a cabo las primeras destrucciones de cargamentos, lo que ha generado inquietud sobre la posibilidad de llevar a cabo nuevos análisis.

"Lo que están haciendo en Chile con las maderas bolivianas es una iniquidad", afirmó Rodríguez, evidenciando la falta de transparencia en las investigaciones y el proceso.

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota suspendió temporalmente la destrucción de las muestras incautadas el 21 de septiembre, permitiendo que se revisen las solicitudes relacionadas. Sin embargo, Rodríguez cuestionó por qué no se permitieron verificaciones independientes antes de la eliminación de la evidencia, enfatizando la necesidad de transparencia en el proceso.

El IBCE estima que el daño económico causado por la retención de los contenedores asciende a aproximadamente $us 15 millones, afectando a más de 20 mercados. Además, esta situación podría perjudicar la reputación de los exportadores bolivianos en un momento crítico para el sector, que busca expandir su presencia internacional con productos maderables de mayor valor agregado.

Las exportaciones bolivianas de maderas y sus manufacturas alcanzaron $us 84 millones en 2023, una cifra inferior al máximo de $us 127 millones registrado en 2007. Rodríguez concluyó que el Gobierno boliviano debe continuar analizando tanto la vía legal como la diplomática para defender los intereses de las empresas afectadas en este conflicto.