El Gobierno promulga nueva ley para impulsar proyectos UPRE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha promulgado una ley que modifica la Ley N.º 492 sobre Acuerdos y Convenios Intergubernativos. Esta iniciativa tiene como principal objetivo facilitar la continuidad de proyectos prioritarios y mejorar la gestión de convenios entre el Estado y las entidades territoriales autónomas.

Durante la promulgación, Paz subrayó que esta modificación permitirá buscar nuevas fuentes de financiamiento para llevar adelante proyectos que fueron propuestos en administraciones anteriores, pero que no contaban con los recursos necesarios para su ejecución.

Cambios en la suscripción de convenios

La nueva norma permite al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, junto con sus instituciones, firmar acuerdos con entidades públicas y organizaciones sociales. Estos convenios estarán dirigidos a la implementación de programas y proyectos, dentro de los límites establecidos por la ley.

Otra de las características de esta modificación es que establece más claridad sobre las responsabilidades de las instituciones involucradas, definiendo quién se encarga de financiar, ejecutar y recibir los proyectos o bienes resultantes.

Asimismo, se amplía la capacidad de las entidades territoriales autónomas para acordar con el nivel central respecto a la supervisión y cofinanciamiento de proyectos, lo que representa un avance en la colaboración intergubernamental.

Informes semestrales y objetivos del Gobierno

La ley también establece que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) o la entidad que la reemplace deberá enviar un informe semestral a la Asamblea Legislativa Plurinacional, detallando los recursos utilizados en los proyectos, lo que permitirá un seguimiento más riguroso del uso de estos recursos.

Paz expresó que esta nueva gestión de financiamiento no solo facilitará la construcción de infraestructuras como colegios y hospitales, sino que también permitirá impulsar proyectos productivos en los diferentes municipios y departamentos del país.

Con la promulgación de esta ley, el Gobierno busca generar un entorno propicio para reactivar proyectos que, hasta ahora, habían estado estancados por falta de presupuesto en gestiones anteriores.